Saltillo.- El Congreso del Estado analizará una iniciativa ciudadana que plantea crear una aplicación móvil municipal que satisfaga de manera óptima, digna y segura el servicio de transporte entre particulares.

Se establece que las empresas físicas o morales que operen esta modalidad, deberán cubrir a los conductores los beneficios del Seguro Social y del Infonavit.

Estos conductores deberán demostrar no haber sido condenados por delito alguno. Por ende, deberán presentar su constancia de no antecedentes penales, que el Gobierno del Estado entregará sin costo alguno, documento que deberá colocarse de manera visible en el vehículo y que deberá mostrarse a la persona usuaria al iniciar el recorrido.

Los vehículos del servicio de plataforma deberán llevar en las puertas del piloto y copiloto el engomado que identifique para cual empresa de redes de transporte o municipio trabajan. Asimismo, quienes operen de manera irregular deberán pagar al municipio donde realicen el servicio el 50 por ciento de la operación por cada viaje realizado por atentar contra la seguridad.

Incluye brindar, por parte de cada municipio, capacitación a los operadores del servicio entre particulares, y que estos conductores estén inscritos en el Registro Público de Transporte, de lo contrario impedir su circulación.

El abogado Héctor Garza Martínez propone reformas y adiciones a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable de Coahuila, a fin de que en la contraprestación de este servicio se expida el recibo fiscal correspondiente, ya sea físicamente o a través de la plataforma móvil usada.

Contempla obligar a los concesionarios a usar unidades en condiciones dignas y con asientos exclusivos para personas con discapacidad, embarazadas y personas de la tercera edad.

Asimismo, plantea que las unidades, para el servicio de cualquier modalidad, deberán estar en óptimas y dignas condiciones, con no más de 10 años de antigüedad a la fecha de fabricación, en lugar de 12 años; de igual manera, deberán contar con equipos para reducir la emisión de contaminantes, para lo cual se asignaría un presupuesto para la compra de los dispositivos.

La iniciativa se complementa con adiciones al Código Penal para sancionar con 15 a 30 años de cárcel y con 10 mil a 15 míl días multa a las personas físicas, socios, fundadores, administradores, representantes legales o miembros del consejo de administración de empresas que presten el servicio de manera irregular.

Las penas aumentarán en una mitad el mínimo y el máximo si resguardan cualquier tipo de datos personales, en la aplicación móvil o en sus propios registros o archivos físicos.

Asimismo, impone de dos a cuatro años de prisión y de 500 a mil días multa, destitución e inhabilitación del cargo, al alcalde, secretario del Ayuntamiento, tesorero o contralor municipal que, a sabiendas de que el servicio se presta de manera irregular, no interponga denuncia penal.