Monclova, Coah.- Una nueva etapa en el largo y complejo proceso de Concurso Mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), comenzó, ya que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, hizo público el acuerdo que da inicio formal al proceso de venta de los activos de ambas empresas, valorados en más de 1.3 mil millones de dólares.

La venta, que se propone como una “unidad productiva”, busca atraer a un comprador que reactive la operación de ambas siderúrgicas, asegurando la continuidad laboral de sus miles de trabajadores y permitiendo el pago a los acreedores, con una prioridad especial para los salarios y prestaciones adeudadas.

Transparencia inédita

Una de las decisiones más destacadas del Juzgado, encabezado por la jueza Ruth Haggi Huerta García, es la de generar una “versión simplificada” del acuerdo judicial. Esta versión, redactada en lenguaje sencillo y accesible, se difundirá a través de redes sociales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter) de las propias empresas, el síndico, sindicatos y otros interesados.

La medida, que no tiene precedente legal, busca garantizar una comunicación clara y directa con los trabajadores, quienes han sido los más afectados por la parálisis de las compañías.

Propuesta de venta y pago a trabajadores

El acuerdo judicial, con fecha del 11 de septiembre de 2025, establece un periodo de diez días hábiles para que las partes interesadas revisen y presenten comentarios a la propuesta de venta. La oferta de venta, basada en un avalúo realizado por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, se plantea con un precio inicial del 85 % del valor total de los activos.

El valor de los bienes se estima en 1,200,966,000 dólares, mientras que los de MINOSA ascienden a 125,361,130 dólares.

La expectativa del Juzgado es obtener un monto global de 1,326,327,130 dólares por la venta conjunta de ambas empresas.

Respecto a los 9,855 trabajadores de AHMSA y los 4,138 de MINOSA, el Juzgado ha solicitado la colaboración de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para validar los listados de acreedores laborales.