Ciudad de México.- El delito de despojo en la Ciudad de México persiste, afectando principalmente a adultos mayores, la mayoría mujeres.

Según datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se abren en promedio diez carpetas de investigación al día por este delito, siendo Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc las alcaldías más afectadas.

Entre enero y septiembre de 2025 se registraron dos mil 891 carpetas, mientras que el año pasado fueron dos mil 814.

El abogado civil Luciano Rodríguez afirmó que los adultos mayores, a menudo en condición de vulnerabilidad, son despojados con “argucias legales”.

El integrante de la asociación Movimiento Urbano Popular explicó que, en ocasiones, personas mayores dueñas de un inmueble lo rentan y terminan perdiéndolo a manos de sus arrendatarios, desconociendo dónde solicitar ayuda.

Es el caso de Noemí, de 64 años, quien padece osteoporosis y problemas de movilidad. Sus inquilinos de un departamento en la Unidad Infonavit Iztacalco dejaron de pagar la renta hace diez años y ahora se niegan a entregar el inmueble.

Su hijo, Lucio García, explicó que los inquilinos “nos dijeron que ya no iban a pagar y que el departamento les pertenecía. Mi mamá tiene las escrituras y el testamento donde consta que es la propietaria, pero no tenemos recursos para iniciar un juicio”.

Temen que los ocupantes intenten adjudicarse la propiedad por prescripción adquisitiva, adquisición por posesión prolongada.

Personas como mi mamá, están en la indefensión”, señaló García.

Agregó que en Iztapalapa y Cuauhtémoc el despojo de vivienda a adultos mayores es un problema que se ha denunciado ante las autoridades, sin respuesta.

Casos de despojo de este tipo deberían revisarse por el Tribunal Superior y, aunque es difícil que se den, sí existen”, apuntó Sergio González, líder de la organización Plataforma 006000 Juarica, que congrega a activistas de la colonia Juárez.

AUMENTO DE PENAS

El abogado Rodríguez señaló que la reforma al Código Penal, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para aumentar las penas contra el despojo “podría ser una luz de esperanza”.

La iniciativa plantea incrementar la pena mínima y máxima por el delito de despojo de cinco a diez años de prisión a seis a 11 años. Cuando el delito se cometa contra una persona mayor de 60 años, con discapacidad o embarazada, la sanción pasaría de seis a diez años a siete a 11 años de cárcel, con multas más severas.