Monclova, Coah.- En un informe que presentó el Síndico de Quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) al Poder Judicial, revela que la siderúrgica, pese a permanecer totalmente paralizada, captó más de 64 millones de pesos en ingresos durante el periodo de mayo a octubre de 2025.

Este flujo de capital, lejos de orientarse a la reactivación o al pago de adeudos con los trabajadores, se destina a mantener una abultada estructura de gastos corporativos y personales, de quien la mantiene a cargo del proceso.

El síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, detalló ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles (Expediente 19/2023) que los $64,282,948 pesos, no provienen de la fabricación de acero, sino de fuentes secundarias y contratos preexistentes; estos incluyen, convenios de cuenta corriente con la subsidiaria MINOSA, la venta de subproductos como escoria industrial a empresas como Cemex y COERSA, así como arrendamientos, servicios de guarda y la venta de activos vehiculares.

La persistencia de estos movimientos financieros sugiere que AHMSA, aunque en paro industrial desde finales de 2022, conserva una “estructura viva”, cuyo propósito parece ser sostener el rescate de la producción.

Gastan más en gestión legal

El desglose de egresos evidencia una priorización de gastos altos de gestión legal, en lugar de costos operacionales o liquidaciones pendientes.

El informe pone bajo lupa múltiples reembolsos a directivos y personal administrativo por conceptos que rozan en lo absurdo, dada la situación de la empresa.

Se registran viáticos constantes con múltiples viajes a Saltillo, Sabinas y gestiones en oficinas del Infonavit, con comisiones laborales notables, como la recibida por José Roberto Acosta Villasana.

De forma explícita, se reportan reembolsos para Andrés González Sarabia Coss, que incluyen limpieza, mensajería, gasolina y el pago de lavandería en una residencia corporativa de alta gama ubicada en San Ángel, Ciudad de México.

Se cubren gastos por atención de juicios laborales y alimentos para el personal involucrado en estas diligencias, como en el caso de Mónica Regina Elizondo Ortiz y Rubén Rogelio Valdez Palafox.

Una porción significativa de los millones se canalizó a mantener la defensa legal y la asesoría externa en medio del Concurso Mercantil.