Ciudad de México.- Una serie de documentos y registros empresariales apuntan a que José Galicot Behar, reconocido empresario tijuanense y figura pública por su labor filantrópica, mantiene vínculos societarios con Jorge Arturo Rojas Navarro, uno de los hombres recientemente sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero ligadas al Cártel de Sinaloa.

Las empresas que los relacionan mantienen contratos con diferentes gobiernos, destacadamente con Tijuana y Mexicali.

El pasado 18 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, actualizó su lista de sancionados, incluyendo a Rojas Navarro y a una red de compañías mexicanas que, según el Tesoro, “fueron utilizadas para blanquear millones de dólares en beneficio de la organización criminal conocida como ‘La Mayiza’, parte de la estructura del Cártel de Sinaloa” (Comunicado SB0252, Departamento del Tesoro, EU).

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso Proceso, Galicot aparece como socio o administrador único en al menos tres empresas que comparte con Rojas Navarro: Escénica Publicidad, S.A. de C.V., Kuk Lab, S.A. de C.V. y Kuk Track, S.A. de C.V. Estas compañías —constituidas entre 2006 y 2009— han obtenido contratos con municipios como Mexicali, La Paz y Guaymas, principalmente para servicios de telemetría y geolocalización.

Un contrato fechado el 2 de enero de 2025 involucra a la sociedad Galicot–Rojas en la prestación de servicios tecnológicos al Ayuntamiento de Guaymas, Sonora. La OFAC señaló particularmente a la empresa Alimentos y Diversión Insurgentes, S. de R.L. de C.V., vinculada a Rojas, por su papel en el blanqueo de capitales a favor del grupo criminal. El Tesoro estadunidense advirtió que estas compañías “operaban bajo estructuras corporativas aparentemente legales, diseñadas para ocultar los flujos financieros ilícitos y proteger a los verdaderos beneficiarios”.

El caso ha encendido alertas en Baja California debido a la relación personal y política entre José Galicot y Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La cercanía entre ambos ha sido documentada en actos públicos, eventos empresariales y colaboraciones en proyectos de desarrollo regional. Ahora, esa amistad se encuentra bajo el escrutinio ciudadano, ante la posibilidad de que empresas con nexos cuestionados mantengan contratos con el gobierno estatal.

Hasta el momento, ni la oficina de la gobernadora ni la de Torres han emitido posicionamiento oficial. En los registros de contrataciones públicas, sin embargo, Kuk Track y Kuk Lab mantienen contratos activos con instancias municipales de Mexicali y Tijuana signados durante 2024 y 2025.

La caída del “benefactor”

Galicot, de 87 años, ha construido su imagen como promotor de la innovación y la cultura fronteriza, especialmente como fundador del evento Tijuana Innovadora, donde ha reunido a empresarios, artistas y líderes sociales.

Su nombre ha sido sinónimo de filantropía, progreso y responsabilidad social. Pero los documentos revelados lo muestran como socio y administrador en estructuras empresariales que ahora figuran en la mira de Washington.

Aunque el propio empresario negó tener relación con Rojas Navarro, admitió conocerlo: “Es un buen muchacho”, dijo a medios locales, prometiendo mostrar documentos para desmentir los vínculos. Hasta la fecha, no ha presentado pruebas públicas que sustenten su versión.

Silencio oficial

El caso representa un riesgo reputacional para el gobierno de Marina del Pilar, que ha hecho de la transparencia y la rendición de cuentas uno de sus ejes discursivos. El dilema es si romper los vínculos con empresarios cercanos o sostener contratos que podrían comprometer la integridad del gobierno estatal. La respuesta, por ahora, es el silencio.

Mientras tanto, en Washington, el Tesoro estadunidense advirtió en su comunicado que “Estados Unidos continuará desmantelando las redes de lavado de dinero que sustentan las operaciones del narcotráfico y afectan la integridad de las instituciones mexicanas”.