Ciudad de México.- Tres décadas después del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el caso vuelve a la escena judicial.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó auto de formal prisión en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y actual directivo de Peak Growth Capital, señalado como presunto coautor en el asesinato del entonces candidato presidencial del PRI.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Sánchez Ortega es identificado como el segundo tirador que habría participado en el ataque del 23 de marzo de 1994 en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California, donde Colosio fue asesinado durante un acto de campaña.

Tras su reaprehensión en Tijuana la semana pasada, el exagente fue trasladado al penal federal de Almoloya y puesto a disposición del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien consideró que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal en su contra por homicidio calificado. La resolución implica que permanecerá bajo custodia mientras continúa la investigación judicial.

Juzgado bajo el sistema penal anterior

Por la fecha en que ocurrieron los hechos, Sánchez Ortega será investigado y juzgado conforme al antiguo sistema penal inquisitorio, un modelo procesal que se sustentaba en expedientes escritos, declaraciones ministeriales y dictámenes periciales, sin la participación oral y directa de las partes en audiencia pública. En ese esquema, el juez tiene un papel central en la valoración de pruebas y en la determinación de responsabilidad.

Durante la etapa de declaración preparatoria, el exagente del Cisen se reservó su derecho a rendir testimonial y solicitó duplicidad de término de 144 horas, misma que fue concedida por el juez. Una vez concluido ese plazo, la autoridad resolvió dictar el auto de formal prisión, lo que significa que encontró indicios suficientes para mantener abierta la causa penal y avanzar hacia el juicio.

Los fundamentos del proceso

El expediente causa penal 5/2025-I-P detalla que la FGR ejerció acción penal en su contra por el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 302, 303 fracciones I y III, 315 y 318 del Código Penal Federal, bajo las hipótesis de premeditación y alevosía en su modalidad de asechanza.

El procedimiento fue promovido por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Personas Indígenas y en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, instancia que retomó la antigua averiguación previa SE/003-BIS/95, integrada en once tomos y cuarenta y tres anexos, con pruebas periciales y testimonios recabados tras el magnicidio.

Un caso que vuelve a abrir heridas

La captura de Jorge Antonio Sánchez Ortega revive uno de los episodios más polémicos y dolorosos de la historia política moderna de México.

Su nombre apareció desde los primeros días de la investigación en 1994, cuando fue detenido portando una chamarra manchada con sangre de Colosio y dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, que detecta residuos de disparo.

Esa evidencia lo colocó entonces entre los sospechosos como presunto segundo tirador, aunque posteriormente fue liberado por falta de elementos.

Los nuevos análisis de la FGR retomaron peritajes originales y testimonios que apuntan a su participación directa en el atentado, cuando cumplía funciones de cobertura como agente del Cisen asignado a la seguridad del candidato presidencial.

Además, la dependencia federal señala la presunta intervención de Genaro García Luna, quien en ese entonces fungía como subdirector operativo del mismo centro de inteligencia, y a quien se le atribuye haber encubierto la huida de un segundo implicado en Tijuana.

Un proceso que marca un precedente

El auto de formal prisión dictado hoy reabre una página del expediente más controvertido de la política mexicana.

A treinta años del magnicidio, la justicia vuelve a examinar los hechos de Lomas Taurinas, ahora con un acusado que deberá enfrentar un proceso largo, sustentado en documentos históricos y pruebas periciales acumuladas por décadas.

La Fiscalía General de la República no ha precisado los siguientes pasos, aunque fuentes judiciales confirmaron que el exagente permanecerá recluido en Almoloya de Juárez mientras avanza el proceso.

Con información Político MX