Washington, Estados Unidos.-  Nuevas imágenes obtenidas por periodistas de The Associated Press exhiben la coordinación previa entre abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y agentes del ICE para ejecutar arrestos de solicitantes de asilo directamente en los juzgados de Estados Unidos. Los mensajes muestran cómo se planean detenciones minutos antes de que los jueces desestimen los casos.

Las capturas revelan cómo una abogada del gobierno informaba en tiempo real a un agente que esperaba en el pasillo mientras se preparaba para pedir la desestimación del caso de un migrante cubano, quien acudió a su audiencia acompañado de su esposa y su bebé. Tras la resolución judicial, los agentes lo interceptaron al salir de la sala, entre gritos y forcejeos.

Estas escenas, documentadas en 21 ciudades, forman parte de una reconfiguración del sistema de tribunales de inmigración bajo el mandato de Donald Trump, donde las audiencias se han convertido en espacios de riesgo para quienes cumplen con sus citas legales. Según los funcionarios consultados, los juzgados funcionan como una “trampa” que facilita deportaciones inmediatas.

Los testimonios señalan que las detenciones se programan con días de anticipación, usando hojas de cálculo en las que se marcan los casos “susceptibles” de ser desestimados, lo que permite al ICE actuar sin demora. La mayoría de los detenidos no cuenta con abogado ni antecedentes criminales.

Paralelamente, el gobierno ha despedido a casi 90 jueces de inmigración considerados demasiado indulgentes y ha endurecido las directrices internas, lo que ha provocado que más casos sean rechazados, se nieguen aplazamientos y aumenten los expedientes clasificados como abandonados.

Mientras tanto, la asistencia legal gratuita se ha reducido drásticamente tras el recorte de 30 millones de dólares a programas de apoyo, obligando a organizaciones como American Gateways a operar desde estacionamientos para evitar que los migrantes sean detenidos dentro de los juzgados.

La presión sobre los solicitantes de asilo también ha provocado un incremento histórico de salidas voluntarias, con más de 14 mil personas pidiendo autorización judicial para abandonar el país en los primeros meses de 2025.

Ante estas condiciones, miles de inmigrantes han recurrido a cortes federales para presentar peticiones de habeas corpus, buscando frenar detenciones que consideran arbitrarias. Aun así, muchos no pueden pagar asistencia legal, quedando expuestos a operativos que, para sus familias, culminan en separaciones repentinas y dolorosas.

Las imágenes filtradas y los testimonios de funcionarios describen un sistema sometido a cuotas, presiones políticas y una visión del proceso migratorio tratada como cadena de producción, donde la prioridad es acelerar deportaciones, sin importar el impacto humano.