Tokio.- El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, mantuvo el sábado 10 de octubre su primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, desde el arresto de un marine de Estados Unidos sospechoso de matar a una mujer en Okinawa y las sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), presidida por la magistrada japonesa Tomoko Akane.

Durante la llamada, que duró aproximadamente 15 minutos y tuvo lugar a las 21:45 hora local (12:45 GMT), Motegi abordó el asesinato de una mujer en la prefectura insular de Okinawa y Rubio expresó sus condolencias, así como la “firme determinación” de cooperar con las autoridades japonesas durante la investigación, según sendos comunicados.

Además, el jefe de la diplomacia japonesa transmitió la postura del Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi sobre las sanciones contra el organismo con sede en La Haya, después de que la propia primera ministra dijera que el país asiático estaba “profundamente preocupado” por las medidas, que calificó de “incompatibles”.

Si bien ambos acordaron mantener una “estrecha comunicación”, el secretario de Estado estadunidense destacó la necesidad de dichas sanciones “debido a sus acciones arbitrarias que amenazan la soberanía estadounidense”.

Pese a diferencias, continuará el trabajo conjunto

A pesar de estas diferencias, ambos ministros coincidieron en continuar trabajando conjuntamente para fortalecer la alianza entre Tokio y Washington, en un contexto de “seguridad complejo”, y para impulsar la cooperación bilateral en una amplia gama de áreas.

Esta conversación tuvo lugar después de que la ola de indignación en Okinawa desde el arresto de un marine de 20 años estacionado en la base de Futenma por presuntamente matar y robar a una mujer de 39 años, que llevó a las autoridades a exigir medidas contra la violencia de los soldados, incluida la revisión del acuerdo de tropas, mientras estas establecieron un toque de queda.

A las protestas de la parte japonesa a la estadunidense por este hecho, se sumó la crítica por las sanciones contra la CPI, en el marco de la campaña de Washington por desmantelar el tribunal, medidas anunciadas en el mismo día en que el Nobel de la Paz fue otorgado a una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay, en medio de las críticas de Estados Unidos e Israel.