Ciudad de México. – Un Tribunal federal de la Ciudad de México intervino en el polémico caso de Juan Carlos Minero Alonso, director de Black Wallstreet Capital (BWC), al ordenar una revisión exhaustiva del despliegue de seguridad implementado por la Guardia Nacional (GN) en el exclusivo condominio de Las Lomas de Chapultepec donde el empresario cumple prisión preventiva.

El Octavo Tribunal Colegiado concedió por votación unánime una suspensión solicitada por los vecinos del inmueble, exigiendo que se definan condiciones de resguardo que garanticen la seguridad y los derechos de los habitantes, especialmente de los menores de edad.

La controversia surgió luego de que la jueza federal del Altiplano, Guillermina Matías Garduño, permitiera el traslado de Minero Alonso, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, desde el penal de máxima seguridad a su departamento en Sierra Guadarrama. La decisión se fundamentó en un padecimiento de hipertensión no atendido que, según la jueza, no fue desvirtuado por la FGR.

Sin embargo, los vecinos promovieron un juicio de amparo alegando que sus derechos fueron violados, ya que la presencia de un recluso de “alto perfil criminal” y el consecuente despliegue de seguridad no pueden implementarse sin atropellar las garantías de los condóminos.

En su resolución, los magistrados ordenaron solicitar a las autoridades federales una evaluación de riesgos de Minero Alonso, un procedimiento que ni la FGR ni la Unidad de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional realizaron en su momento.

El magistrado Jorge Vásquez detalló el protocolo que deberá implementarse de inmediato:

” Se requiere que la Guardia Nacional establezca un protocolo específico para la vigilancia de esta persona en ese inmueble; que se respete el reglamento interior del condominio; y que asigne el número mínimo de elementos necesarios, pero lo menos intrusivos posible y se analice la necesidad de que estos guardias porten artefactos bélicos dentro del propio condominio”, indicó en la sesión pública.

El Tribunal instruyó que el número de elementos de la GN sea reducido y que, de preferencia, no se ubiquen en áreas comunes ni porten armamento de alto poder a la vista de los inquilinos y menores de edad.

Mientras avanza el juicio de amparo, los vecinos continúan buscando que se realice una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares para exponer los riesgos de seguridad y lograr que se determine otro sitio de reclusión para el exdirector de BWC.