Ciudad de México.- Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como el operador del plan para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y los siete escoltas que lo acompañaban el día del ataque, fueron vinculados a proceso tras una audiencia que se extendió por 18 horas.

El juez de control determinó que existían elementos suficientes para iniciar juicio penal en su contra por diversos delitos relacionados con el homicidio del presidente municipal ocurrido el 1 de noviembre.

La diligencia se llevó a cabo de manera virtual entre Morelia y Uruapan, con participación de los centros penitenciarios “David Franco Rodríguez”, en Michoacán, y “El Altiplano”, en el Estado de México.

A lo largo de la audiencia, la defensa presentó 27 elementos para intentar desacreditar las acusaciones y denunció que “El Licenciado” fue sometido a tortura y amenazas tras su detención tras asegurar que no forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sin embargo, el juez Luis Fernando Díaz Parra resolvió que las pruebas presentadas por la Fiscalía sostenían la hipótesis de participación de los ocho implicados.

De acuerdo con la resolución, a Jorge Armando “N”, conocido como “El Licenciado”, se le atribuye homicidio doloso calificado y lesiones calificadas, debido a su presunta intervención directa en la organización del ataque.

En cuanto a los siete policías municipales que fungían como escoltas del alcalde, la autoridad judicial consideró que podrían haber incurrido en homicidio calificado bajo la modalidad de comisión por omisión, al no impedir la agresión.

Además de las partes procesales, en la audiencia participaron como víctimas indirectas Juan Manzo Rodríguez, hermano del edil, y el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido en el atentado.

Ambos escucharon la determinación del juez de mantener a los acusados bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso.

El juzgador fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y estableció que el procedimiento no podrá exceder los dos años.

Con ello, la causa penal continuará en la etapa inicial a la espera de la integración de nuevas pruebas y la definición de responsabilidades.