Ciudad de México.- El ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, comparece esta mañana de martes ante una juez federal para afrontar su primera audiencia por un supuesto lavado de 96.6 millones de pesos.

La diligencia fue programada hoy a las 9:00 horas ante la juez de control María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

La Secretaría de Seguridad federal detuvo ayer en Chihuahua al ex Gobernador por presuntamente haber lavado dinero desviado del Gobierno estatal.

El ex Mandatario fue capturado a las 14:43 horas en la lateral de Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, y trasladado al Penal del Altiplano, en el Estado de México.

Esta es la primera orden de aprehensión que es librada y ejecutada a Duarte por un delito del orden federal, desde que en 2016 concluyó su mandato como Gobernador.

También es la tercera vez que Estados Unidos autoriza a México proceder penalmente y pedir el procesamiento de Duarte, aunque en las dos ocasiones anteriores se trató de imputaciones del fuero común.

La primera fue en 2022, cuando el vecino país del norte extraditó al chihuahuense para que fuera juzgado sólo por un supuesto desvío de más de 96 millones de pesos y en 2023 dio su aval para procesarlo por otro peculado de 120 millones.

Si bien en su momento la Fiscalía de Chihuahua consiguió 20 órdenes de aprehensión contra el ex Mandatario, EU sólo ha autorizado juzgarlo por dos de esos casos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la orden de captura ejecutada ayer fue librada desde el 16 de mayo de 2024 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Edomex.

Pero las autoridades federales tardaron más de un año y medio en cumplimentar el mandamiento judicial, porque los estadounidenses se extendieron un año y dos meses en darles el permiso para procesarlo por esta imputación de lavado, judicializada mucho después de su extradición.

“ César ‘N’ había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado en el estado de Chihuahua”, reportó la FGR.

“ El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de Estados Unidos la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025″.

La Fiscalía se limitó a decir que en este asunto se imputa a Duarte su supuesta intervención como Gobernador “en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales”.

A nivel federal, había una indagatoria contra el ex Mandatario porque presumiblemente adquirió en 65 millones de pesos el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, supuestamente con dinero del erario.

Sin embargo, ese expediente era una averiguación previa y no una carpeta de investigación, por lo que el caso judicializado en Almoloya probablemente sea distinto.

De hecho, el 13 de marzo de 2018, en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, la entonces PGR archivó por falta de elementos el caso de la compra del Banco, ya que concluyó que la adquisición se hizo con recursos de sus actividades económicas diversas al servicio público y con un préstamo.

Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, originalmente fue extraditado para enfrentar un proceso por un presunto peculado y asociación delictuosa por 96 millones de pesos.

Tras su repatriación, fue internado en el Penal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, donde estuvo preso hasta junio de 2024, cuando le modificaron la medida cautelar y le permitieron llevar su proceso fuera de prisión.

Este no es el primer caso en el que EU otorga su aval para proceder penalmente contra el imputado, con base en una investigación distinta a la que dio origen a su entrega a las autoridades mexicanas.

En 2023, con la anuencia de EU, el ex Gobernador fue vinculado a proceso por el delito de peculado, derivado de otro presunto desvío de 120 millones de pesos.