Ciudad de México.– Una juez federal impuso esta madrugada de miércoles la prisión preventiva justificada a César Duarte, en el Penal del Altiplano, por el caso de un presunto lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, que fueron desviados del erario a dos de sus empresas.

María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, también acordó celebrar el próximo sábado a las 13:00 horas la audiencia en la que resolverá si vincula o no a proceso al ex Gobernador de Chihuahua.

En una audiencia que tuvo una duración de 14 horas y media, la juzgadora decidió que Duarte se quedara internado en el Penal del Altiplano, al menos hasta el próximo sábado, pese a que ya usaba un brazalete electrónico en otro proceso que le siguen en Chihuahua.

La juez de elección popular impuso la medida cautelar con base en dos argumentos.

Uno de ellos es porque Duarte no acreditó su arraigo en algún lugar, debido a que la información que obra sobre sus domicilios corresponden al periodo de 2011 a 2015 y no hay información actualizada.

El otro es que, al darle la libertad provisional, el ex Mandatario podría obstaculizar la investigación en su contra.

La audiencia inicial fue agendada para el martes a las 9:00 horas; sin embargo, inició dos horas más tarde y concluyó hasta las 01:30 horas de este miércoles.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Duarte de haber lavado en el sistema financiero 73 millones 925 mil 995 pesos, de un total de 96 millones 685 mil 254 pesos que fueron desviados del erario a dos de sus empresas.

De acuerdo con la imputación, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como Financiera de la división del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

Y, de esa suma, 73.9 millones de pesos, el 76 por ciento de los recursos desviados, trató de ocultarlos a través de 8 operaciones en el sistema financiero, dispersando el dinero en distintas personas físicas y morales.

La Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, que preside Manuel Granados Quiroz, presentó un total de 120 datos de prueba en su imputación, incluidos dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas de razones sociales y comprobantes de operaciones bancarias.

Según la FGR, tras desviarse el dinero del Gobierno de Chihuahua a las dos empresas de Duarte, estas transfirieron y traspasaron las tres cuartas partes de los recursos a empresas como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, y Valles Baca Hermanos.

Las empresas de Duarte también hicieron depósitos a otras razones sociales de su propiedad como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. Algunos de los depósitos, según la Fiscalía, fueron triangulados a su esposa Bertha Olga Gómez Fong.