Bogotá.- Hace un mes, un bombardeo en la selva colombiana del Guaviare, ordenado por el presidente Gustavo Petro, mató a 19 guerrilleros, entre ellos siete menores reclutados. Fue el ataque más letal desde que llegó al poder en 2022 y desató la peor tormenta de derechos humanos de su gobierno, que había prometido una ‘paz total’ anclada en el diálogo.

La operación del 10 de noviembre contra disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, no fue un hecho aislado. En el último año, y medio, la administración de Petro ha lanzado al menos otros doce bombardeos contra grupos armados y, en cuatro de ellos, desde agosto, murieron al menos 15 menores, incluidos los siete del Guaviare.

Eso encendió las críticas a Petro ante un aparente cambio en su política de seguridad. Como opositor, él había cuestionado duramente a gobiernos anteriores por bombardeos que dejaron menores reclutados entre las víctimas. También dejó al Ejecutivo atrapado en un dilema difícil de conciliar, el de cómo frenar unas guerrillas que crecen en poder territorial y efectivos, mientras se protege la vida.

El presidente pidió perdón a las familias de los menores, pero también repitió que sus operaciones respetan el Derecho Internacional Humanitario, incluso ante el tratamiento al menor combatiente, y rechazó los llamados de la Defensoría del Pueblo a suspender bombardeos donde puedan estar menores.

Repunte del reclutamiento forzado

“ Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas», afirmó Petro en X, en medio de un repunte del reclutamiento forzado, que alcanza uno de sus picos desde el acuerdo de paz con las FARC de 2016.

Hoy en Colombia, en promedio, cada 20 horas un menor de edad es reclutado o usado para la guerra. Entre 2019 y 2024, ese flagelo se disparó un 300 %, según Unicef, al tiempo que las redes sociales se convirtieron en la nueva forma de alistamiento.

Aunque es difícil rastrear los casos de reclutamiento forzado de menores, las estimaciones coinciden en que más de la mitad ocurren en el Cauca (suroeste), uno de los departamentos más golpeados por el conflicto. Allí, los recientes bombardeos con menores muertos en el Guaviare encendieron las alarmas.

“ En ese bombardeo del Guaviare, (el gobierno) puso a todo un departamento en jaque por retaliación porque el Cauca es territorio de los Mordisco», dice a EFE Sofia López, representante legal del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, que en noviembre presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá urgiendo suspender los bombardeos y aplicar una política efectiva contra el reclutamiento forzad

La semana pasada, el tribunal declaró improcedente la tutela. «Aunque no obtuvimos la orden inmediata que buscábamos», dice López, sí ganamos terreno y argumentos que nos servirán para la impugnación y para llevar el caso ante instancias más altas.

Las madres del Cauca

Las mujeres del Cauca también están articuladas bajo la llamada Guardia Intercultural Humanitaria para buscar a sus niños desaparecidos o reclutados. En poco más de un año desde su creación, ese grupo ha logrado recuperar cinco menores.
Es una labor que debería estar haciendo el Estado, pero no la hace, comenta a EFE Emilse Jiménez, fundadora y coordinadora de la Guardia.

Jiménez perdió a su sobrino en 2021, cuando la guerrilla lo reclutó a los 15 años. Luego le dijeron que lo habían fusilado por intentar escapar, pero no sabe si es verdad. Nunca encontraron su cuerpo.

Desde la escuela donde trabaja, en el municipio caucano de Buenos Aires, Jiménez asegura haber visto cómo, en el último año, el reclutamiento se agudizó.

“ Nunca habíamos visto, en los últimos años, tantos chicos desaparecidos», dice. «Hace quince días llegaron directamente al colegio. Les decían que se fueran para allá, que les pagaban tres millones de pesos (unos 780 dólares), que les daban armas, moto, comida».

A través de la Guardia, las mujeres recorren escuelas y espacios públicos para hacer trabajos de prevención. Cuando una familia reporta un caso, hacen presión en redes, comparten fotografías del menor y, si hay suerte, reciben llamadas o coordenadas para localizarlo.

Ejército de niños

Según datos oficiales recogidos por el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, hay 709 investigaciones activas en fiscalías del Cauca por reclutamiento forzado de menores desde 2022. Más del 70 % son denuncias solo de este año y del pasado.

Pero las cifras reales podrían ascender perfectamente a los 1.200 o 1.300, estima López, alertando sobre ejércitos de niños y recordando que el problema es estructural y no se soluciona con bombardeos.

López denuncia un despelote normativo terrible y recuerda que, en enero, Petro nombró al general retirado Pedro Sánchez Suárez como ministro de Defensa, el primer exmilitar en ese cargo en más de 30 años.

La tutela del Movimiento menciona el incumplimiento y deficiencias estructurales de entidades del Estado responsables de prevenir y judicializar el reclutamiento. También critica la ausencia de liderazgo del presidente, primer izquierdista de la historia del país y exguerrillero del M-19, así como el aval implícito a operaciones que ponen en riesgo a la niñez.

“ Un gobierno que no busca a sus niños» reclutados, dice López, «no está legitimado para bombardearlos».