Cuernavaca, Morelos.- En Morelos la justicia no existe para Oliver Navarrete Hernández, ni para los otros 118 cadáveres que se encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la FGE y fueron inhumados de manera “ilegal” y “clandestina” en una fosa común de la Fiscalía General del Estado (FGE) el 28 de marzo del 2014, durante el sexenio del ex gobernador, Graco Ramírez, aseguraron, María y Amalia Hernández, madre y tía de Oliver.

Las familiares de esta víctima de secuestro, asesinato y luego inhumación ilegal por trabajadores de la Fiscalía General del Estado denunciaron que a 11 años del entierro de 119 cadáveres en dos fosas ilegales que se encontraban en predio de Tetelcingo, Cuautla, ninguno de los 42 servidores públicos relacionados con la inhumación ilegal masiva, ha sido sancionado y menos sentenciado; y ya hasta prescribió el delito contra el respeto a los muertos y violación de las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres.

“ Ministerios públicos llegaron, y ministerios públicos se fueron; fiscales generales llegaron y se fueron faltos de verdad. La primera prescripción fue en octubre del 2024 y un año después la Fiscalía apeló esa resolución; la segunda prescripción ocurrió el 08 de diciembre de 2025, y en ambos casos, el delito prescrito es el cometido contra el respeto a los muertos y violación de las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres”.

“ Esto deja en la impunidad esos delitos y sin sanción a quienes los cometieron, y con ello, la fiscalía re victimiza de nueva cuenta a víctimas directas e indirectas”, recalcaron las familiares de Oliver, de 31 años, secuestrado y asesinado en Cuautla en mayo de 2013.

La Fiscalía del estado levantó el cadáver de Oliver, del punto en donde lo dejaron los secuestradores en aquel año, con la promesa de que harían justicia en este caso, y retuvo el cuerpo en el Semefo; pero el 28 de marzo del 2014, junto con otros 118 cuerpos fueron enterrados de manera ilegal y clandestina en un terreno de la comunidad indígena de Tetelcingo, Cuautla, que ese tiempo ni siquiera funcionaba de manera regular como panteón.

Con asesoría jurídica, y mediante un amparo de un juez, tanto María como Amalia, lograron que la FGE exhumara el cuerpo de Oliver el 9 de diciembre de 2014; pero entonces, las mujeres, María y Amalia, se dieron cuenta que junto con su familiar había cientos de personas sepultadas, sin protocolo alguno, y sin los permisos requeridos ni siquiera por la autoridad municipal, por lo que dieron entonces una lucha, junto con el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, para que los cuerpos de esas fosas comunes y clandestinas fueran abiertas y exhumados los cadáveres; situación que pasó en mayo de 2016 (sacándose de esas fosas de la FGE 119 cuerpos en total).

Por todas estas inhumaciones “ilegales y clandestinas”, los familiares de Oliver interpusieron varias denuncias ante la FGE para que se castigara a los responsables, servidores públicos de la entonces llamada Procuraduría General del Estado, en el sexenio del ex gobernador, Graco Ramírez (2012-2018), y que entonces encabezaba el ex fiscal, Rodrigo Dorantes Salgado.

Después de la exhumación de los 119 cuerpos en Tetelcingo, Cuautla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno del estado encabezado por Ramírez, a la FGE, y el ayuntamiento de Cuautla, por la inhumación irregular de 119 cadáveres en Tetelcingo, (48/2016), y en esta mencionó que cuando menos unos 42 servidores públicos de la FGE estarían involucrados en este entierro masivo “irregular”.

“ Son 42 servidores públicos los que deben ser investigados por la inhumación indebida de Oliver, de los cuáles, dos de ellos ya fallecieron sin conocerse cuál ¿fue su participación en la inhumación? la prescripción de los delitos ya está ocurriendo y esto, ha pesar de haber hecho notar esto a la fiscalía a través de oficios, de denuncias públicas; pero el desinterés fue tal, que lo anunciado llegó, y golpeó de nueva cuenta a las víctimas directas e indirectas de este hecho tan vergonzoso que colocó en 2016 a Morelos a la vista internacional como un estado en que se violentaron los derechos humanos por parte de un gobierno, y de una fiscalía encargada de perseguir los delitos”, recalcaron Amalia y María este 10 de diciembre en un café de Cuernavaca.

Las mujeres que han luchado porque se haga justicia a Oliver, y los demás inhumados, han encontrado muchos obstáculos, tanto que hasta hoy -a 12 años del secuestro y asesinato de Oliver-, y 11 de su exhumación ilegal, junto con los otros (118), ahora, los jueces están argumentando que los delitos de los que se acusa a los funcionarios de la FGE ya están prescribiendo, como el mencionado anteriormente.

Y para colmo, de María y Amalia, “el 28 de marzo”, fecha que en el año de 2014 fueron inhumadas estos 119 cadáveres en las dos fosas de Tetelcingo, Cuautla, este día quedó instaurado como “el Día de la víctimas” a nivel estatal, pero el gobierno del estado, ahora encabezado por la gobernadora, Margarita González, así como los otros dos poderes del estado de Morelos, ni la FGE, ahora encabezada por Fernando Blumenkron, han garantizado la justicia ni siquiera éstas víctimas directas y las víctimas indirectas, es decir los familiares de éstas personas inhumadas.

“ El 9 de diciembre del 2014 Oliver regresó con nosotros (después que lograron que la FGE lo exhumara), pero un nuevo camino por recorrer para alcanzar la justicia, pero ahora ya no sólo para Oliver, sino para todos los que fueron inhumados junto con él, en un 28 de marzo del 2014; en un día que quedó instituido como el día de las víctimas ¿ironía?, ¿casualidad? O ¿burla?”, subrayó la madre y tía de Oliver.

No hay justicia en Morelos”: Amalia.

“ En base en la experiencia de todo lo que hemos vivido, sí podemos asegurar que en Morelos no existe la justicia para las víctimas de la violencia, ese es un hecho, todo lo que se ha visto, son más de 10 años y llegar a una audiencia en que los ministerios públicos no pudieron acreditar tiempo, modo y lugar para el delito en contra del ejercicio del servidor público, y pues esto deja más que manifiesto que definitivamente no existe la procuración de justicia para para víctimas de la violencia”, concluyó la tía de Oliver.