Ciudad de México.- Un tribunal de enjuiciamiento condenó a dos ex funcionarios a reparar un daño de 62 millones 877 mil 192 pesos, por uno de los contratos otorgados en forma indebida en el caso de la llamada Estafa Maestra.

El Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en calidad de tribunal de enjuiciamiento, sentenció a Ricardo Mejía Zayas, ex directores Generales Adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, y José Francisco Monroy Gaytán, ex Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM).

La Fiscalía General de la República informó que el impartidor de justicia los halló culpables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Aunque les impusieron una pena de prisión, la FGR no indicó cuál fue esa penalidad, sin embargo, el castigo debió ser menor a los 4 años de cárcel, ya que la Fiscalía indicó que el Juez les concedió la sustitución de la pena con el pago de la reparación del daño, beneficio previsto cuando la sanción es menor a ese término.
“El Ministerio Público Federal aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”, señaló la dependencia.

Este fallo no es definitivo, ya que los sentenciados pueden impugnarlo ante un Tribunal Colegiado de Apelación de la Ciudad de México.

Desde junio de 2022, Mejía se encuentra en prisión domiciliaria, mientras que Monroy llevó el proceso y el juicio en libertad.

Ambos fueron hallados plenamente responsables del delito por un caso que deriva del convenio de coordinación UCD/33901/010/2015, suscrito el 5 de marzo de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en tiempos de Rosario Robles, y la UIEM.

A través de este contrato, la Secretaría pagó a la Universidad 124 millones 100 mil pesos para levantar los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas, cuyo propósito era localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentaria en las 32 entidades federativas.

Cuando el convenio fue auditado, se descubrió que la UIEM subcontrató el 100 por ciento de los servicios, sin embargo, sólo se presentaron comprobantes del ejercicio de 61 millones 222 mil 808 pesos y se descubrió que eran falsos los correspondientes al ejercicio de 62 millones 877 mil 192 pesos.

La FGR argumentó durante el juicio que esta contratación es indebida, porque fue suscrita sin un estudio de mercado, privando al Estado de mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento y, por ende, ocasionándole un perjuicio económico.

Además, porque la Universidad subcontrató más del 49 por ciento del monto del contrato original, tope que le impone el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“Este caso se refiere a la responsabilidad penal de Ricardo “M” y José “M”, quienes, en sus funciones como servidor público y como autoridad de una universidad en el Estado de México, respectivamente, suscribieron un convenio en el que se advirtieron irregularidades, en virtud de que no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, debido a que la casa de estudios referida, subcontrató la totalidad de los servicios previamente convenidos con la entonces Sedesol, a un precio inferior, lo que ocasionó un daño a la hacienda pública federal, por la cantidad señalada”, dijo la FGR.

En este asunto, también se imputa de los mismos hechos a Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol en tiempos de Rosario Robles, quien se encuentra en libertad provisional.