Guanajuato, Gto. – A menos de ocho meses de que el bloque mayoritario enviara al archivo las propuestas previas, el grupo parlamentario de Morena retomó la bandera de los derechos reproductivos en el Congreso local. A través de un paquete de cuatro iniciativas, las legisladoras buscan obligar al Estado a garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) y revertir el blindaje constitucional que impera desde hace 17 años.

Un blindaje de casi dos décadas bajo la lupa

La propuesta, presentada ante la Comisión Permanente por las diputadas Plásida Calzada, Miriam Reyes, Hades Aguilar y Martha Moreno, apunta al núcleo jurídico del estado: el Artículo Primero de la Constitución local.

Cabe recordar que, desde 2009, Guanajuato mantiene una redacción que reconoce como “persona” a todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. La nueva iniciativa busca sustituir esta visión por una que establezca explícitamente el derecho a decidir y la obligación del Estado de proveer servicios de salud reproductiva y educación sexual.

La propuesta: Plazos, penas y causales

El paquete de reformas al Código Penal y diversas leyes estatales contempla cambios sustanciales en la tipificación del aborto:

– Límite de tiempo: Se define el aborto como delito solo si se realiza después de la décima segunda semana de gestación.

– Aborto forzado: Se propone como delito grave (4 a 8 años de prisión) la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer en cualquier momento.

– Causales de no punibilidad: El Estado no podrá castigar el aborto en casos de violación, inseminación no consentida, riesgo de vida para la madre, alteraciones genéticas del producto o conducta culposa.

El costo de la clandestinidad

Durante la exposición de motivos, la diputada Hades Aguilar Castillo lanzó una fuerte crítica a la omisión estatal, señalando que la penalización no detiene la práctica, sino que la precariza.

” “El Estado se vuelve responsable de las tasas de clandestinidad y de la mortalidad de las mujeres forzadas a abortar en condiciones inseguras. Hacer inaccesibles estos servicios es una violación a los derechos humanos”, sentenció Aguilar.

El antecedente político

Este nuevo intento ocurre tras el revés sufrido el 5 de junio de 2025, cuando la fracción del PAN, con el apoyo estratégico del PVEM, logró desechar la última iniciativa sobre el tema. Con esta nueva ofensiva, Morena busca presionar la autonomía reproductiva en las leyes de Salud, de Víctimas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.