Toluca, Mex.– En una sentencia que marca un precedente en el combate a la corrupción institucional, un juez de control del Poder Judicial del Estado de México dictó una condena de 40 años de prisión contra Adrián Mauricio Sánchez Mitre, quien fungiera como comisario de Seguridad Pública en el municipio de Nicolás Romero.

El exfuncionario fue hallado penalmente responsable del delito de homicidio calificado, cometido en el ejercicio de sus funciones y en colusión con estructuras delictivas.

De jefe policial a ejecutor del crimen

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reveló que Sánchez Mitre no solo brindaba protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino que utilizaba la fuerza policial para operar una red de extorsión contra choferes de taxis por aplicación.

Los hechos que derivaron en la condena ocurrieron cuando un conductor se negó a pagar la “cuota” exigida por la organización criminal. Según el expediente, Sánchez Mitre y un cómplice interceptaron a la víctima en un camino hacia la cabecera municipal. Tras una agresión física y ante la resistencia del chofer a ceder a la extorsión, el entonces comisario sacó su arma de cargo y le disparó a quemarropa, privándolo de la vida.

El rastro de la “Operación Enjambre”

Sánchez Mitre fue un objetivo prioritario de la Operación Enjambre, un despliegue masivo ejecutado para desarticular el control que grupos criminales ejercían sobre diversas corporaciones municipales en la entidad. Tras el operativo, el exjefe policial huyó a Michoacán, donde fue capturado en enero de 2025 en la ciudad de Zamora.

El colapso de una corporación

El caso puso al descubierto que la mayor parte de la policía de Nicolás Romero funcionaba como un brazo operativo del cártel. Además del homicidio, pesaban sobre la corporación numerosos señalamientos por secuestros exprés y cobro de piso, actividades coordinadas desde la cúpula de seguridad municipal.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez determinó que la responsabilidad de Sánchez Mitre era absoluta, ordenando su reclusión inmediata para purgar la sentencia de cuatro décadas, además del pago por reparación del daño a los familiares de la víctima.