Viena.- El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), formado por más de dos centenares de ONG, critica el fracaso de la política global sobre estupefacientes y alerta sobre la vuelta de la retórica de la “guerra contra las drogas” y del “narcoterrorismo” por parte de EE. UU, para justificar violaciones del derecho internacional.

En un estudio difundido este martes, ‘Balance de la década de la UNGASS: limitaciones, logros y vías para la reforma’, se evalúan los resultados desde la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre drogas (UNGASS) de 2016, vista entonces como una oportunidad para reformar la política global sobre narcóticos.

Sin embargo, basándose en datos de la ONU, investigaciones recientes y testimonios de la sociedad civil y de comunidades afectadas, el informe concluye que esa promesa de reforma sigue sin cumplirse, mientras que la situación mundial de las drogas es “más compleja, volátil y letal”.

El documento sitúa la política de drogas como un elemento clave del multilateralismo, cuyo deterioro es “profundamente preocupante”, en un contexto marcado por recortes presupuestarios dentro de la ONU y turbulencias geopolíticas.

Según el IDPC, este escenario ha favorecido el resurgimiento de discursos punitivos heredados de las décadas de 1970 y 1980, utilizados hoy para legitimar prácticas contrarias a los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible.

El informe alerta de que, en los últimos meses, esta deriva incluyó el uso de la retórica sobre “narcoterrorismo” por parte de la administración Trump para justificar ataques contra embarcaciones civiles en el mar Caribe y el océano Pacífico que, según Washington, transportaban drogas.

Según el informe, al menos siete países de América Latina han declarado estados de emergencia y han desplegado al Ejército por crisis internas vinculadas a bandas criminales y narcotráfico en la última década: Argentina (2016), Perú (2018), Guatemala (2019), Ecuador (desde 2021), Honduras (2022), El Salvador (2022) y Colombia (2025).

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y principal impulsor de la UNGASS de 2016, firma el prólogo del informe y subraya el fracaso de las estrategias punitivas contra las drogas.

“La criminalización y las estrategias militarizadas han fracasado rotundamente. Solo desplazan los daños, enriqueciendo a las redes criminales y perjudicando a nuestras comunidades, nuestro medio ambiente y nuestra esperanza de paz”, señala Santos.

“Es hora de revisar la forma en que el mundo aborda las drogas, poniendo en el centro la vida, las comunidades y los derechos humanos”, agrega.

Pese a algunos avances normativos y reformas en algunos países, el IDPC sostiene que los enfoques de mano dura siguen dominando la política sobre drogas, lo que conlleva un coste enorme, tanto en vidas como en dinero.

El número de personas que consumen drogas se estima en 316 millones en todo el mundo, un 28 % más que en 2016, mientras que entre 2016 y 2021 se registraron 2,6 millones de muertes relacionadas con el consumo de drogas.

Según el informe, hay indicios de que la cifra de fallecidos ha crecido mucho desde 2021.

En cuanto a la evolución de los mercados de drogas, el informe señala que éstos se han vuelto más complejos y letales, con una expansión de los opioides sintéticos como el fentanilo y un aumento enorme de las muertes por sobredosis, especialmente en América del Norte.

Las políticas punitivas, agrega el IDPC, han contribuido a estos cambios al empujar a los mercados hacia sustancias más potentes y peligrosas, sin lograr controlar la oferta.

Una de cada cinco personas encarceladas en el mundo lo está por delitos de drogas y se mantiene el uso de la pena de muerte por delitos relacionados con estupefacientes en numerosos Estados, critica el estudio.

Además, defiende la necesidad de una reforma de los tratados y critica el papel “obstructivo” de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la “politización” de la Comisión de Estupefacientes, un órgano formado por Estados que puede debatir cambios en las convenciones.

“En un contexto de crisis profunda del multilateralismo, la política de drogas se perfila como uno de los ámbitos donde el sistema de la ONU ha fallado de forma más visible”, lamenta Ann Fordham, directora ejecutiva del IDPC.

Esta red de ONG defiende la regulación de las drogas para debilitar al mercado ilegal y restar ingresos al crimen organizado, así como para mejorar los resultados sanitarios y facilitar el acceso a tratamiento.

Entre los pocos aspectos positivos en políticas de drogas, el estudio destaca la expansión de políticas de regulación, sobre todo con el cannabis, especialmente en Europa y América Latina.

“Más de 380 millones de personas viven ahora en jurisdicciones donde el cannabis recreativo es legal, y se han creado mercados en África, Asia, Europa y América”, destaca el estudio.