La propuesta española incluye la obligación de implementar sistemas efectivos de verificación de edad, la responsabilidad penal para directivos que no retiren contenido ilegal y la creación de una Huella de Odio y Polarización para fiscalizar a empresas como TikTok, Instagram y Grok.

Sánchez planteó la necesidad de recuperar la soberanía digital frente a la desinformación y los discursos de odio. Apeló a una tolerancia cero contra la coerción de las grandes plataformas.

Este anuncio ocurre en un contexto global de tensión creciente entre gobiernos y tecnológicas.

En Australia, tras la implementación de una ley similar el pasado 10 de diciembre, Meta reportó el bloqueo de más de 544 mil cuentas de menores.

Sin embargo, la empresa de Mark Zuckerberg ha urgido al gobierno australiano a replantear la prohibición, pues el bloqueo masivo, según él, provoca un “efecto whack-a-mole” donde los jóvenes migran hacia aplicaciones menos reguladas y rincones más oscuros de la red para eludir la ley.

Mientras el Gobierno español busca proteger a los menores de los modelos de negocio que considera nocivos, surge la duda sobre cómo se ejecutará una verificación de edad que no comprometa la privacidad de toda la ciudadanía mediante vigilancia biométrica.

La experiencia en Australia sugiere que las Big Tech prefieren trasladar la responsabilidad a los padres y abogar por estándares de industria en lugar de leyes nacionales restrictivas.

Al final, el éxito del plan de Sánchez dependerá de si la Coalición de los Dispuestos Digitales, conformado por cinco países de la Unión Europea, que buscan aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales, logra construir una barrera o el poder de las tecnológicas se impondrá.