Mazatlán, Sinaloa.– En un despliegue de unidad sin precedentes, las principales organizaciones del sector minero en México han alzado la voz para exigir la localización inmediata de diez ingenieros y operarios privados de su libertad desde el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Un sector bajo asedio

A través de un comunicado conjunto, organismos de la talla de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) y la representación de Women in Mining (WIM), denunciaron que este incidente no es un hecho aislado, sino el reflejo de una inseguridad persistente que amenaza al Estado de Derecho en las regiones productoras del país.

El gremio rechazó categóricamente cualquier intento de vincular la minería formal con la delincuencia organizada. Por el contrario, subrayaron que las empresas y sus trabajadores son víctimas directas de la violencia, a pesar de aportar desarrollo económico a más de 696 comunidades en territorio nacional.

Las víctimas: Rostros de la búsqueda

Las organizaciones exigieron la presentación con vida de:

– José Ángel Hernández Vélez

– Francisco Antonio Esparza Yáñez

– José Manuel Castañeda Hernández

– Saúl Hernández Ochoa Pérez

– Antonio de la O Valdez

– Ignacio Aurelio Salazar Flores

– José Antonio Jiménez Nevárez

– Javier Emilio Valdez Valenzuela

– Javier Guillermo Vargas Valles

– Miguel Tapia Rayón

Operativo terrestre y aéreo en la Sierra

Mientras el sector empresarial presiona desde el ámbito institucional, el gobierno de Sinaloa y fuerzas federales han intensificado la búsqueda en la zona serrana. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó el despliegue de 1,190 elementos de seguridad, apoyados por tres aviones y dos helicópteros.

Puntos clave del operativo:

– Zonas de rastreo: El despliegue se concentra en la serranía de Concordia y comunidades aledañas.

– Hallazgos recientes: Elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), intervinieron una presunta fosa clandestina localizada a 3 kilómetros de la comunidad de El Verde, para descartar que las víctimas se encuentren en dicho sitio.

Las cámaras mineras reiteraron su disposición para colaborar con las investigaciones, enfatizando que la seguridad de los trabajadores es una condición indispensable para mantener las operaciones que sostienen la economía de la región.