Ciudad de México.- El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) no sólo fue el de más homicidios en la historia moderna de México, sino también el de mayor incidencia de delitos asociados a la violencia letal, los cuales aumentaron en 15.3%, señaló este lunes un estudio de México Evalúa.

El trabajo, que analiza el comportamiento de la violencia letal en México entre 2015 y 2025, señala que de acuerdo con las cifras oficiales en el gobierno de López Obrador aumentaron en 102% los “delitos que atentan contra la vida” y en 89% el número de personas desaparecidas y no localizadas, lo que constituye un “comportamiento anómalo” de esos datos.

México Evalúa considera que la medición de la violencia letal en México requiere una lectura multidimensional, no solo el de los homicidios dolosos, por lo cual ese centro de pensamiento utiliza cuatro indicadores más: el homicidio culposo, los feminicidios, las personas desaparecidas y no localizadas y otros delitos que atentan contra la vida.

De esta manera, en una tabla basada en datos oficiales, México Evalúa señala que en 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia, en el país se registraron 68 mil 904 hechos de violencia letal, mientras en 2024, último año de ese gobierno, la cifra subió a 79 mil 479, para un promedio de nueve cada hora.

La directora de México Evalúa, Mariana Campos, dijo al presentar el estudio que en 2025 se registraron más de 72 mil eventos asociados a la violencia letal en el país, y esto representa un incremento de 73% con respecto al año 2015, lo que revela que la reducción de 8.6% que se registró el año pasado con respecto a 2014 en estos delitos es momentánea “y obliga a mirar trayectorias de largo plazo”.

Señaló que el fenómeno de la violencia en México no puede analizarse con una sola métrica, como la de homicidios dolosos, ni a partir de promedios nacionales.

La violencia, indicó, es territorial, es dinámica y cambia de forma con el tiempo. “Puede disminuir un indicador, pero desplazarse hacia otro”, dijo.

Y eso es lo que ocurrió entre 2018 y 2024, durante el gobierno de López Obrador, cuando según las cifras oficiales los homicidios dolosos disminuyeron en 10.8% en ese lapso, pero los homicidios culposos aumentaron 11.2% y las desapariciones de personas y los “otros delitos que atentan contra la vida” aumentaron exponencialmente.

El estudio, sostuvo Campos, propone una lectura más amplia y un conjunto de indicadores para medir la violencia letal, lo que resulta fundamental porque si hay un diagnóstico incompleto sobre la criminalidad en México, la política pública también lo será.

El profesor e investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila Víctor Manuel Sánchez Valdés planteó que las reducciones de delitos que presume el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay que verlas “con ojo crítico” porque el estudio de México Evalúa contiene cifras que llaman la atención.

Dijo que, por ejemplo, en Tamaulipas crecieron en la última década en 36 mil por ciento los “otros delitos contra la vida”, mientras que en Quintana Roo el aumento de ese indicador fue de 27 mil por ciento y en Sonora de 24 mil por ciento, lo que obliga a una revisión profunda de cómo se integra la información delictiva en el país y cómo se reporta.

Esto, porque, además, mientras las cifras oficiales hablan de un descenso de la violencia en México, la percepción ciudadana de inseguridad ha aumentado.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en diciembre pasado el 63% de la población consideró inseguro vivir en su ciudad, más de dos puntos por arriba del porcentaje de diciembre de 2024.

La presidenta Sheinbaum presume que en su gobierno los homicidios dolosos se han reducido en 40% desde septiembre de 2024, cuando inició su gobierno, y según el estudio de México Evalúa, la violencia letal se redujo en 8.6% en 2025, con respecto al año previo.

El coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, Armando Vargas, dijo que es necesario hacer preguntas que lleven a buenas hipótesis. Por ejemplo, si las disminuciones de delitos que reporta la presidenta se deben a la eficacia de la política pública, al control que ejerce el crimen organizado en los territorios o a las malas prácticas de clasificación de los datos de criminalidad.