Culiacán, Sin.– En una ofensiva frontal contra el sistema de inteligencia del crimen organizado, la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Cuarta Región Naval, informó el desmantelamiento de 39 cámaras de vigilancia irregulares en diversos puntos estratégicos de la capital sinaloense en lo que va de 2026.

La desactivación de estos dispositivos fue el resultado de patrullajes terrestres de disuasión y vigilancia en colonias críticas de Culiacán. De acuerdo con la dependencia federal, estos artefactos eran utilizados por grupos delictivos para monitorear el movimiento de las fuerzas de seguridad y facilitar actividades ilícitas, una práctica conocida como “halconeo” técnico.

Las cámaras, instaladas ilegalmente en infraestructura pública, fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Radiografía del espionaje criminal: Los “Narcocentros”

El uso de sistemas de vigilancia clandestinos se ha convertido en una herramienta de control territorial en todo el país. Según datos recabados por MILENIO, tan solo en Sinaloa se han retirado 50 equipos entre el 5 y el 25 de enero de este año, con Culiacán, Mazatlán y Navolato como los principales focos de atención.

Recientes hallazgos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como los realizados en Jalisco, revelan la logística detrás de estos centros de monitoreo:

– Infraestructura: Pantallas de alta definición conectadas a múltiples cámaras con vistas a accesos clave.

– Equipamiento: CPUs, teclados y sistemas de almacenamiento masivo.

– Operación: Espacios sencillos pero funcionales, equipados para el monitoreo 24/7 de las fuerzas federales.

Arsenal Tecnológico: Del cableado a la alta gama

Los operativos han permitido identificar la diversidad de dispositivos que el crimen organizado despliega para mantener su red de espionaje. La tecnología varía según la necesidad de movilidad y el ángulo de visión requerido:

Este despliegue tecnológico no solo busca la protección de sus líderes, sino el control social de las comunidades donde operan. El desmantelamiento de estas redes representa un paso clave para cegar la capacidad operativa de las organizaciones delictivas en el estado.