Saltillo, Coah.-  El diputado Antonio Attolini Murra (Morena) propone cambiar el modelo de custodia de detenidos de la Policía Municipal de Torreón y sustituirlo por el esquema implementado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, para prevenir actos de tortura y muertes de personas detenidas.

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El pasado 20 de enero, el joven Chris Hernán Pérez Rentería, de 24 años, perdió la vida tras haber ingresado a las celdas del Centro de Justicia Municipal de Torreón. Este trágico evento se suma a una serie de quejas recurrentes por malos tratos y falta de protocolos claros en dicha instancia, que han tenido como consecuencia la muerte de personas bajo custodia asociadas a intervención del Centro de Justicia”.

A pesar de los anuncios recientes sobre la integración de cámaras y una supuesta transición operativa, la administración actual del Centro de Justicia, encabezada por Martha Rodríguez Romero, es insuficiente para garantizar la integridad física de las personas detenidas, por lo que pidió destituirla.

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La responsabilidad administrativa y política ante la pérdida de una vida bajo custodia oficial es ineludible. El ingreso de una persona a las celdas municipales genera para la autoridad responsable un deber directo e ineludible de protección, por lo que cualquier daño a la integridad física o pérdida de vida ocurrida durante el tiempo de custodia evidencia fallas graves en los mecanismos de supervisión, control y responsabilidad institucional”.

Resulta imperativo, aseguró, transitar de un modelo administrativo fragmentado a uno de responsabilidad directa y mando especializado.

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La experiencia en el municipio de Saltillo, donde la custodia de personas detenidas y la operación de separos municipales se encuentran bajo la conducción de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, evidencia la importancia de contar con una cadena de mando definida y supervisión directa para garantizar condiciones mínimas de seguridad y respeto a los derechos humanos en los centros de detención municipal”.

El Artículo 38 del Reglamento de la CSPC establece que el centro de internamiento es responsabilidad de la Dirección General de la Policía, en tanto que el 39 ordena al personal el deber de garantizar la seguridad de las personas detenidas y respetar sus derechos humanos, en tanto que el 42 obliga a su vigilancia permanente.