Phoenix, Arizona.– En un esfuerzo por transformar el sistema electoral estadounidense, la administración del presidente Donald Trump defendió este viernes la Ley para la Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE America Act). La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, busca imponer el requisito obligatorio de presentar pruebas de ciudadanía y una identificación con fotografía para participar en cualquier elección federal.

El blindaje de las urnas según el DHS

Desde Phoenix, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo que este proyecto es fundamental para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses participen en los comicios. La ley obligaría a los estados a exigir documentos específicos, como el pasaporte estadounidense o el certificado de nacimiento, al momento del registro.

Puntos clave de la propuesta:

– Registro de votantes: Obligatoriedad de presentar documentos que acrediten la ciudadanía.

– Voto presencial: Presentación de una identificación oficial con fotografía (actualmente ya requerida en 37 de los 50 estados).

– Voto por correo: Inclusión de una copia de identificación válida al enviar la boleta, restringiendo uno de los métodos de votación más utilizados.

El debate sobre el fraude: Retórica vs. Datos

A pesar de la insistencia de Noem sobre la supuesta amenaza de votos por parte de personas indocumentadas, las cifras oficiales y de centros de investigación independientes ofrecen un panorama distinto.

Estudios recientes subrayan que el fraude por parte de no ciudadanos es un fenómeno marginal en la democracia estadounidense:

1. Brennan Center for Justice: En una auditoría de 23.5 millones de votos, solo se detectó un 0.0001% de presuntos sufragios de no ciudadanos.

2. The Heritage Foundation (conservador): Su propio historial identificó apenas 23 casos de este tipo en un periodo de casi 20 años (2003-2022).

Un camino cuesta arriba en el Senado

A pesar del respaldo de la Casa Blanca, la Ley SAVE enfrenta un escenario incierto en la Cámara Alta. Al ser una materia que, según la Constitución, suele recaer bajo la jurisdicción de cada estado, la propuesta enfrenta dos grandes obstáculos:

– Oposición Demócrata: Los legisladores de oposición califican la medida como un intento de supresión de votos, especialmente dirigida a minorías que podrían carecer de documentos de identidad vigentes.

– Disidencia Republicana: Incluso dentro del bloque conservador, algunos senadores han expresado reservas sobre la federalización de las normas electorales.

La secretaria Noem concluyó su gira insistiendo en que la transparencia electoral es “un asunto de seguridad nacional”, mientras que organizaciones civiles preparan desafíos legales ante la posibilidad de que esta ley vulnere el control constitucional que los estados ejercen tradicionalmente sobre sus propios procesos de votación.