Nuevo México .- Legisladores estatales de Nuevo México iniciaron una investigación formal sobre las actividades que se habrían realizado en el apartado rancho desértico donde Jeffrey Epstein recibía a invitados, y sobre si las autoridades locales hicieron la vista gorda.

Un panel bipartidista de cuatro integrantes de la Cámara de Representantes estatal examina denuncias de que el Zorro Ranch pudo haber sido escenario de abuso y tráfico sexual. También buscan esclarecer por qué Epstein no fue registrado como delincuente sexual en el estado tras declararse culpable en 2008 en Florida por solicitar prostitución a una menor, y si existió corrupción entre funcionarios públicos.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora demócrata Marianna Anaya, de Albuquerque, llamó a posibles víctimas o testigos a compartir información bajo confidencialidad.

“Ese perpetrador no pudo actuar solo. No pudo dirigir una red sexual solo”, afirmó. “Quienes lo facilitaron también deben rendir cuentas, incluido el propio estado si es necesario”.

La comisión fue creada por votación unánime y cuenta con facultades para emitir citaciones y un presupuesto superior a 2 millones de dólares. La encabeza la representante Andrea Romero, de Santa Fe, quien aseguró que durante años circularon rumores sobre lo ocurrido en la propiedad sin que se consolidara un registro oficial.

Epstein compró el extenso rancho en 1993 al exgobernador demócrata Bruce King y construyó una mansión de más de 2 mil 400 metros cuadrados con pista de aterrizaje privada. Aunque nunca enfrentó cargos en Nuevo México, en 2019 la fiscalía estatal confirmó que investigaba posibles delitos y entrevistaba a presuntas víctimas.

El magnate murió en 2019 en una cárcel de Manhattan, donde esperaba juicio por tráfico sexual de menores. Su propiedad fue vendida en 2023 y rebautizada como San Rafael Ranch por la familia del político texano Don Huffines, quien ha dicho que cooperará con cualquier requerimiento de las autoridades.

La investigación legislativa busca llenar los vacíos que, a juicio de sus impulsores, dejaron las indagatorias federales. El objetivo, dicen, es determinar si hubo omisiones, complicidades o fallas institucionales que permitieron que el rancho operara durante años sin consecuencias.