Ciudad de México.– El + dio un paso decisivo en la lucha contra la explotación infantil al avanzar en una reforma que endurece los controles migratorios y educativos para prevenir la trata de personas. El dictamen, que ya superó su primera lectura y será votado la próxima semana, pone especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA), sector que representa casi la mitad de las víctimas de este delito en el país.

La iniciativa, promovida por el coordinador de Morena, Ignacio Mier, plantea modificaciones estructurales a la Ley de Migración, la Ley General de Educación y diversos ordenamientos para cerrar el paso a las redes criminales.

Blindaje en fronteras y certificación del INM

Uno de los pilares de la reforma es la profesionalización obligatoria del personal del Instituto Nacional de Migración (INM). Los agentes deberán contar con una certificación técnica que incorpore:

– Perspectiva de género y derechos humanos.

– Capacitación especializada para identificar perfiles de víctimas y tratantes.

– Protocolos de intervención sensibles para abordar situaciones críticas de vulnerabilidad.

Asimismo, se establece una nueva medida de seguridad estricta para el tránsito de menores: cualquier adulto que acompañe a un menor de edad deberá demostrar de forma legítima que ejerce la patria potestad, tutela o custodia. Con esta exigencia, se busca reducir el riesgo de que menores migrantes queden desprotegidos o sean víctimas de sustracción y explotación.

Educación: Prevención desde las aulas

La reforma también impacta el ámbito educativo, integrando la prevención de la violencia de género y la trata de personas en los planes de estudio. El objetivo es fomentar una cultura de respeto y seguridad desde edades tempranas, permitiendo que las futuras generaciones identifiquen y denuncien situaciones de riesgo de manera efectiva.

” “Al integrar contenidos que permitan prevenir la violencia contra mujeres y niñas, se contribuye a construir una sociedad más igualitaria y justa”, destaca el dictamen.

Un problema sistémico en cifras

La urgencia de esta legislación se respalda en datos alarmantes citados en la exposición de motivos:

– Periodo 2015-2022: Se abrieron 5,561 carpetas de investigación por trata de personas en el fuero común.

– Vulnerabilidad infantil: El 42% de las víctimas en dichos registros son menores de edad.

Ante este panorama, el Senado busca que la ley deje de ser reactiva y se convierta en una herramienta de prevención estructural que proteja el tejido social desde sus niveles más básicos.