Saltillo, Coah.- La diputada Magaly Hernández Aguirre (Morena) plantea adicionar el Artículo 42 Bis al Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado, para establecer que el sindicato deberá gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas en elecciones sindicales.

Lo mismo se establecerá en el Artículo 91 Bis Ter del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, para garantizar su autonomía sindical.

Las adiciones contemplan mecanismos de protección contra injerencias que atenten contra su constitución, funcionamiento, administración, condiciones de elegibilidad, reelección o destitución de las directivas sindicales.

Cualquier contravención a estas disposiciones será considerada falta administrativa grave y sancionada en los términos de la Ley General de Responsabilidades. Es decir, sería sancionado hasta con la destitución del cargo.

Se considerará como injerencia sindical coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en campañas, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato.

Asimismo, ejercer presión o intimidación para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura; obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo; condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto por una planilla.

De igual manera ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical, entre otras condiciones o beneficios laborales. La adición también será plasmada en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado,

Argumentó que la historia del sindicalismo en México es de lucha por la dignidad laboral y por hacer valer los derechos de los trabajadores frente la explotación y abuso del poder.

“ Sin embargo, desgraciadamente, con el paso del tiempo se fueron consolidando interferencias en la vida interna de los sindicatos, que lo desviaron del camino hacia sus objetivos centrales, alejando sus decisiones de las y los trabajadores”.

“ Esta deformación sindical trajo perjuicios a los sindicalizados por décadas, como precarización laboral, debilitamiento de los derechos colectivos y una clase trabajadora a la que se le negó la voz y una verdadera representación. Esta realidad fue particularmente grave para las y los trabajadores al Servicio del Estado, quienes, aún contando con derechos reconocidos en la Constitución, durante años carecieron de la protección frente a los abusos y manipulación ejercidos desde el poder político”.

Aclaró que el senador Alfonso Cepeda Salas a nivel federal presentó una reforma en materia de autonomía sindical, que parte de la premisa de que no puede haber sindicato libre si está sometido a intereses ajenos a la base trabajadora.

“ Esta reforma reconoce que la vida interna de los sindicatos, sus elecciones, sus decisiones y su organización, corresponden única y exclusivamente a las y los trabajadores que lo integran”.

“ Ninguna persona servidora pública, sin importar su cargo o nivel, debe intervenir, presionar, condicionar o manipular los procesos sindicales. Cuando eso ocurre, no sólo se viola la ley; se traiciona el principio democrático y se vulnera la dignidad de los trabajadores”, finalizó.