Saltillo, Coah.- Karina fue detenida el 20 de marzo violencia familiar en su modalidad psicológica y sustracción de menor, a un mes de la vinculación a proceso de Estela Guadalupe, acusada por violencia vicaria.

La orden de aprehensión se giró el 20 de enero y dos meses después se ejecutó, cuando la mujer fue deportada de Estados Unidos, tras vivir una pesadilla, pues fue separada de su hijo y privada de la libertad por 10 días en un centro de detención de Texas.

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Me dicen que me van a poner cargos federales porque hay una denuncia en México donde mi exesposo afirma que yo me estoy robando al niño. Yo traía mis documentos, les digo, aquí yo traigo mis documentos, traigo mi custodia certificada y mi permiso de viaje certificado”, detalló.

A pesar de contar con un amparo federal en contra de la denuncia por violencia familiar, Karina fue detenida y encarcelada en el Centro Penitenciario Femenil, cuando piso territorio mexicano.

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Yo dormí el viernes 20 de marzo en el Cerezo femenil con todo que tenía mi orden de protección contra la orden de aprehensión, y pues el 21 hay una audiencia, se hace valer este amparo”, indicó.

Tras recuperar la libertad, Karina pide justicia, pues aseguró que la denuncia que interpuso su exesposo, Juan “N”, es una forma de intimidación para perpetuar el control y la violencia que estuvo presente durante todo su matrimonio.

Recordó que, en el 2019 interpuso una denuncia por violencia familiar, luego de que fue a dar al hospital por la gravedad de los golpes que recibió. Asimismo, lo denunció en el 2023 por la violación a su hijo.

Actualmente, el niño, de ocho años de edad, permanece en la Casa Cuna del DIF Coahuila, tras ser deportado a Reynosa, a principios de marzo.

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En el 2024, también por una denuncia falsa que tardamos aproximadamente cuatro meses en demostrar los hechos, ya lo había internado, me acusó de omisión de cuidados, me acusó de que el niño tenía una enfermedad que no padecía”, agregó.

Al respecto, la directora de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar, reiteró su apoyo y acompañamiento a la señora Karina y exigió a las autoridades que se juzgue con perspectiva de género.

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Hacemos un llamado enérgico a las autoridades judiciales para que retomen los criterios vinculantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La justicia no puede ser ciega a las asimetrías de poder. La obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género no es una concesión, sino un mandato constitucional”, dijo.

La defensora de los derechos humanos aseguró que, no se puede hablar de justicia, si el sistema permite que el agresor utilice la ley como un arma de control adicional y exigió que la señora permanezca en libertad durante el proceso.

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Desde esta fundación permaneceremos vigilantes del proceso exigiendo que se garantice el debido proceso y que la libertad de la señora Karina se mantenga bajo un análisis jurídico que reconozca su calidad de mujer sobreviviente de violencia”, indicó.