Cuatro Ciénegas.- La familia de Cayetano Delgado, propietario desde hace más de 50 años del paraje conocido como ‘Puerto Salado’, denunció un presunto abuso por parte de autoridades de la Fiscalía General del Estado, luego de que el propietario del paraje natural fue sometido a un arraigo domiciliario, sin recibir, aseguran, una explicación clara sobre la medida que consideran arbitraria.

De acuerdo con los familiares, esta situación se deriva del conflicto legal que surgió en días recientes por la presunta venta irregular del predio por parte de ejidatarios del ejido San Vicente, quienes aparentemente habrían comercializado un terreno que no les corresponde.

Se informó que Cayetano Delgado de 67 años acudió a una audiencia para conocer el estatus legal de su propiedad, sin embargo, fue notificado de un arraigo domiciliario en una vivienda ubicada en Monclova, específicamente en la vivienda de una de sus hijas, donde permanece desde el viernes.

Familiares preocupados

La familia señaló que el afectado desconoce los motivos de esta medida y no ha recibido información suficiente por parte de las autoridades, lo que ha generado preocupación e incertidumbre.

El conflicto se intensificó desde el pasado miércoles, cuando ejidatarios acudieron al predio tras enterarse de la supuesta venta, manifestando su temor de que el acceso al lugar sea restringido, particularmente hacia las márgenes de la Saca Salada’.

‘Ha tenido Delgado posesión de predio por más de 50 años’

Cabe destacar que según los familiares, Delgado ha mantenido la posesión del terreno por más de 50 años, contando con escrituras legales, además de una resolución emitida en 2002 por un Juez, en la que se determinó que el predio no forma parte del ejido San Vicente.

A pesar de ello, la situación se ha complicado en los últimos días, afectando tanto la libertad del propietario como la operación del paraje turístico, el cual permanece cerrado al público.

Mientras tanto, la esposa e hija de Cayetano Delgado continúan en el predio, en espera de que se aclare la situación legal, en tanto que familiares y habitantes de la región han comenzado a manifestar su preocupación por el desarrollo del caso.