Ciudad de México.– La crisis de desapariciones en México ha detonado un nuevo enfrentamiento de posturas en la cúpula política. Mientras la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a no descalificar el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), la dirigencia de Morena y el Gobierno Federal desestimaron el documento, argumentando fallas metodológicas y un sesgo histórico que ignora los avances actuales.

Llamado al respeto institucional

En conferencia de prensa, la legisladora panista fijó una postura crítica frente al rechazo expresado previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y la CNDH. López Rabadán subrayó que el informe, el cual califica las desapariciones como crímenes de lesa humanidad mediante ataques sistemáticos, debe verse como una hoja de ruta y no como un ataque político.

” “Reconocer el informe de la ONU no es ir en contra del Gobierno; es saber que entre todos debemos detener esta lamentable cifra. Lo que necesitamos es encontrar mecanismos de solución, no palabras para justificar”, puntualizó la presidenta de la Mesa Directiva.

La diputada enfatizó que con más de 132 mil registros oficiales, la magnitud del problema exige cooperación técnica internacional y el fortalecimiento de las capacidades forenses para garantizar justicia y reparación a las familias.

La contraofensiva de Morena: Cuestionan rigor de “expertos”

En contraste, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, publicó un posicionamiento donde descalificó la validez del estudio. Según Alcalde, el informe fue realizado por “expertos que trabajan para la ONU” y no por el organismo en su conjunto, acusándolos de utilizar datos desactualizados (2009-2017) que omiten los resultados de las administraciones de López Obrador y Sheinbaum.

Depuración del Registro Nacional: Los datos de Alcalde

La dirigente morenista presentó un desglose técnico para cuestionar la cifra de 132,534 desaparecidos citada por el Comité:

– Registros inconsistentes: El 36% de la base de datos presenta errores (frases o palabras inconexas) que impiden la vinculación con personas reales.

– Presunción de vida: Se identificaron 40,308 registros con actividad posterior a su reporte de desaparición en bases de datos del IMSS, programas sociales o el INE.

– Localizaciones confirmadas: De dicho grupo, 5,200 personas ya han sido ubicadas físicamente en sus domicilios con prueba de vida.

– Búsqueda focalizada: Alcalde reconoció que existen 43,128 personas con CURP identificada de las cuales no hay rastro posterior, grupo en el que, aseguró, se concentra la “búsqueda intensa” del Estado.

El debate por la “Raja Política”

Mientras la presidencia de la Cámara de Diputados insiste en que el documento es una oportunidad para obtener financiamiento y asistencia especializada, el bloque oficialista sostiene que el informe tiene un trasfondo político que busca minimizar el “compromiso firme” del gobierno con la localización de víctimas.

Esta polarización ocurre en un momento crítico, donde los colectivos de búsqueda exigen que las cifras no se conviertan en una disputa estadística, sino en un motor para las investigaciones exhaustivas que demanda la ley.

Sobre el informe del Comité contra la Desaparición de la ONU👇🏼 pic.twitter.com/rNamqVhlKA

— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 7, 2026