Ciudad de México.– En un movimiento legislativo para revertir la caída del 28.4% en la inversión pública, el Senado de la República aprobó la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica.

El dictamen, avalado con 84 votos a favor y 28 en contra, autoriza el uso del ahorro de los trabajadores (Afores) y el capital privado para financiar proyectos clave, bajo un esquema de economía mixta.

El nuevo modelo: Fideicomisos y financiamiento bursátil

La nueva legislación, remitida al Ejecutivo para su promulgación, crea Vehículos de Propósito Específico (fideicomisos) diseñados para aislar riesgos y emitir instrumentos bursátiles. Este mecanismo busca canalizar el ahorro institucional hacia obras de desarrollo sin que el Estado pierda la rectoría sobre los activos.

Además, se autorizaron reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permiten:

– Iniciar contrataciones antes de contar con suficiencia presupuestaria definitiva (previa autorización de Hacienda).

– Redefinir el gasto corriente estructural, excluyendo del cálculo a los programas sociales y los salarios de los sectores de educación, salud y seguridad.

Choque ideológico: ¿Neoliberalismo o economía mixta?

La sesión estuvo marcada por un intenso debate sobre la naturaleza de la reforma:

– Crítica de la oposición: La senadora Claudia Anaya (PRI) calificó el dictamen como “el más neoliberal” de la administración actual, comparándolo con los polémicos Pidiregas de los años 90. Cuestionó el uso de las Afores en esquemas productivos, señalando una contradicción histórica en el discurso de la izquierda.

– Defensa del oficialismo: El senador Luis Alfonso Silva (PVEM) rechazó las etiquetas y aseguró que se trata de mecanismos de economía mixta que garantizan el control estatal, evitando las concesiones discrecionales del pasado.

Riesgos fiscales y calificación crediticia

Uno de los puntos más controvertidos fue el posible impacto en las finanzas nacionales. La oposición advirtió que al registrar las inversiones anuales como pasivos contingentes y no como deuda soberana, se está incurriendo en un “subregistro” de compromisos financieros.

” “Este dictamen va a generar una distorsión al quitar salarios y programas sociales de la definición de gasto corriente. Se pone en riesgo la calificación crediticia del país”, advirtió Anaya.

El diagnóstico del Gobierno

Por su parte, el senador Manuel Huerta defendió el proyecto señalando que surge de un diagnóstico que busca corregir vicios del pasado, como proyectos abandonados, conflictos por derechos de vía y compromisos fiscales ocultos.

En la misma línea, Francisco Chiguil (Morena) recordó obras fallidas de sexenios anteriores, como la Estela de Luz y la refinería de Hidalgo, como ejemplos de irresponsabilidad presupuestaria que este nuevo marco legal pretende evitar.