Washington.- Un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos confirmó el laudo arbitral que obliga a México a pagar 47 millones de dólares a la empresa canadiense Lion Mexico Consolidated, al rechazar la solicitud del gobierno federal para anular la resolución.

El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, respalda la decisión previa de una corte de distrito, la cual determinó que los árbitros actuaron dentro de sus facultades y conforme a la ley.

México había argumentado que el tribunal arbitral incurrió en un “manifiesto desprecio a la ley” y que excedió su autoridad. Sin embargo, la corte estadounidense desestimó ambos señalamientos y confirmó la validez del laudo.

Origen del litigio

El caso se remonta a un arbitraje iniciado en diciembre de 2015, bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que implica que la posterior cancelación del acuerdo no afecta su aplicación en esta disputa.

El Tribunal Arbitral concluyó que el tratado protege tanto a las inversiones como a los inversionistas, rechazando así el argumento central del gobierno mexicano, que sostenía una interpretación más limitada.

Además, determinó que México incumplió sus obligaciones al no garantizar a la empresa canadiense un trato justo y equitativo, conforme al estándar mínimo del derecho internacional.

Señalamientos sobre tribunales mexicanos

De acuerdo con la resolución, los tribunales mexicanos no brindaron a Lion una oportunidad justa para defender sus derechos sobre las inversiones.

El caso está vinculado a financiamientos otorgados a empresas relacionadas con el empresario Héctor Cárdenas Curiel, quien, según el tribunal, habría orquestado un “fraude judicial complejo” para impedir la recuperación de los recursos.

Pese a los intentos de la firma canadiense por demostrar irregularidades —incluida la presunta falsificación de documentos—, no obtuvo una resolución favorable en México.

Margen limitado de revisión

Al analizar el caso, la Corte de Apelaciones subrayó el limitado margen de intervención de los tribunales en arbitrajes internacionales. Bajo este criterio, concluyó que México no cumplió con la carga probatoria necesaria para invalidar el laudo.

En paralelo, la corte rechazó la solicitud de intervención de Cárdenas Curiel, al considerar que el Estado mexicano podía representar adecuadamente los intereses en disputa.

Con información de Milenio.