Monclova, Coah.- Juan Ervey Valenzuela de la Torre, vocero de los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) que mantienen el plantón en la Puerta 3, denunció que la reciente extensión de 90 días en el proceso de subasta de la siderúrgica es una maniobra que asfixia la economía de las familias obreras que viven en crisis desde hace tres años que el conflicto estalló.

El representante de los trabajadores calificó como inadmisible que un trámite proyectado originalmente para resolverse en apenas 10 días se haya dilatado casi tres meses adicionales, dejando a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad extrema mientras los activos de la empresa se deprecian.

Valenzuela de la Torre, señaló que este nuevo diferimiento no es un simple ajuste administrativo, sino un golpe directo al patrimonio de quienes esperan sus finiquitos y salarios caídos.

De acuerdo con el portavoz, la demora prolongada facilita que el valor de la planta se desplome de forma alarmante, lo que reduciría drásticamente la bolsa de recursos destinados a cubrir las deudas laborales.

“El retraso es algo que ya no podemos permitir. No podemos esperar otros 90 días más cuando la prioridad absoluta debe ser concretar la venta para liquidar lo que se nos debe por derecho”, sentenció.

El grupo de obreros de nueva cuenta se manifestó en el acceso tres de la acerera para fijar su postura en donde están seguros que el proceso concursal está siendo gestionado de forma que favorece a los grandes acreedores e intereses empresariales, relegando la supervivencia de los obreros a un segundo plano.

Necesaria prórroga para ordenar activos

La confirmación de una prórroga de hasta tres meses para el proceso de enajenación de Altos Hornos de México, es una medida que Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, calificó como necesaria para brindar orden y legalidad a la dispersión de activos.

El dirigente, precisó que si bien la espera se prolonga, el objetivo central de este nuevo esquema es blindar el proceso judicial para que no existan retrocesos que pongan en riesgo el capital destinado a la base obrera.

Explicó que esta extensión en los plazos legales surge a raíz de una nueva propuesta de venta presentada ante el Poder Judicial de la Federación y actualmente, el síndico dispone de un periodo de 10 días, otorgado por la jueza de la causa, para pulir los detalles técnicos del plan de subasta.

Dijo que una vez validado este protocolo, se activará un calendario que contempla un periodo inicial de 60 días, con la posibilidad técnica de extenderse por 30 días adicionales, sumando un total de 90 días naturales para concretar la operación financiera.

“No nos mueve la ambición por una cifra histórica de venta, sino la urgencia de justicia social. Lo que hemos transmitido a nuestros compañeros es que, aunque el proceso tome 90 días más, cada paso está diseñado para que el recurso obtenido se etiquete prioritariamente al pago de nuestros adeudos”, afirmó.

Torres Ávalos, indico que a diferencia de intentos previos en vender la empresa, la autoridad judicial permitirá recibir propuestas que se ubiquen por debajo del valor de avalúo inicial, previamente fijado en mil 127 millones de dólares.