Ciudad de México.- El 7 de septiembre de 2015, la entonces Procuraduría General de la República desplegó un operativo extraordinario con más de una decena de agentes federales y al menos un civil, totalmente ajeno a la PGR.

El objetivo era localizar al abogado Paulo Díez Gargari para presentarlo a declarar ante el Ministerio Público por una denuncia que la empresa Aleatica (antes OHL) había presentado contra el representante legal de Infraiber.

Durante la acción, los agentes chocaron el vehículo del abogado y sembraron un arma de fuego en su coche mientras simulaban una revisión al mismo.

Los hechos quedaron grabados por la cámara de videovigilancia de un comercio cercano.Las imágenes mostraron la siembra del arma y la detención ilegal del abogado.

Díez Gargari permaneció detenido por más de 48 horas en los separos de la PGR, ubicados de la calle López en el Centro Histórico de la Ciudad de México

Con la evidencia en video, más adelante saldría libre y quedaría totalmente absuelto de la imputación por posesión de un arma de fuego.

Demanda por reparación del daño

El 17 de septiembre de 2015 el abogado presentó ante la Visitaduría General de la entonces PGR una denuncia de hechos por las irregularidades cometidas durante su detención.

También denunció la intervención ilegal de sus telecomunicaciones, ya que mientras estuvo detenido le revisaron el teléfono celular

Además, presentó quejas ante el Grupo de Trabajo de la ONU contra las detenciones arbitrarias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación a sus derechos fundamentales.

La ONU y la CNDH llegaron a la conclusión de que la detención del abogado Paulo Diez fue ilegal, por lo que el organismo emitió una opinión técnica.

En tanto, la CNDH emitió una recomendación para demandar a la PGR y al Estado Mexicano la reparación integral del daño, misma que fue aceptada por la Procuraduría, pero no cumplida a cabalidad.

El abogado Paulo Díez acudió entonces al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que en 2025 declaró al Estado responsable del daño material y moral en contra de la víctima, decisión que fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Hay nexo causal entre detención ilegal y daño sufrido

Esta resolución fue confirmada en abril de 2026 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por lo que ordenó el pago de la indemnización correspondiente y sienta un precedente relevante para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

En sesión pública, la magistrada federal, Ximena Jiménez García, afirmó que “a partir de estas irregularidades se concluye que existe un nexo causal entre el daño y el actuar (sic) del Estado“, por el cual se acreditaron los daños materiales y económicos, derivados de los gastos de defensa, que sufrió el litigante Paulo Díez Gargari.

Agregó que también se demostró “el daño moral,  el cual se presume a través de la afectación a derechos fundamentales como es la libertad personal, ya que estuvo detenido durante 48 horas. Y bueno, la integridad psíquica de que le hayan plantado un arma en tu vehículo”.

La buena noticia:
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió en definitiva que el Estado Mexicano es responsable del daño material y moral ocasionado por la siembra de un arma de fuego en mi coche y por mi detención ilegal, ordenada por… pic.twitter.com/DggTxl1KUu

— Paulo Díez Gargari (@PDiezG) April 16, 2026

La sentencia del tribunal es inapelable, por lo que se trata de un  fallo definitivo.

En materia penal, la Visitaduría de la PGR procedió en contra de los policías involucrados, quienes fueron procesados en libertad, debido a que la fabricación de delitos no es considerada un delito grave en el país.

Con información de Aristegui Noticias