A través de un posicionamiento firmado de manera conjunta, las y los presidentes municipales señalaron que el contexto exige responsabilidad pública, prudencia política y respeto absoluto al marco legal, por lo que insistieron en que ninguna imputación puede colocarse por encima de la ley ni de las instituciones del Estado mexicano.
En el documento, sostienen que debe prevalecer el debido proceso y la presunción de inocencia, especialmente cuando —refieren— la propia Fiscalía General de la República (FGR) ha indicado que la solicitud proveniente de Estados Unidos no estaría acompañada de elementos probatorios suficientes.
Los alcaldes también manifestaron su confianza en que las instituciones nacionales actuarán con objetividad jurídica y respeto irrestricto a la soberanía nacional, al tiempo que advirtieron sobre los riesgos de construir narrativas de culpabilidad sin sustento.
En ese sentido, señalaron que no debe permitirse que acusaciones sin evidencia firme vulneren la institucionalidad ni el Estado de derecho, y subrayaron que Sinaloa requiere templanza, cohesión y responsabilidad en el manejo del contexto actual.
Además, en el posicionamiento reconocen al gobernador como un actor institucional abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre órdenes de gobierno, así como con la estabilidad y gobernabilidad del estado.
El pronunciamiento concluye con un llamado a mantener el respeto a la legalidad y a la soberanía nacional, reiterando su respaldo al titular del Ejecutivo estatal y a las instituciones democráticas del país.
