Ciudad de México.— La reciente petición de EU para extraditar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien acusan de vínculos con el narcotráfico, supone para México entrar en terreno desconocido en su relación con su vecino del norte, ya que apunta directamente a las presuntas actividades criminales de un gobernador activo perteneciente al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En medio de una tormenta política después de que saliera a la luz la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador y otros nueve funcionarios de alto nivel en Sinaloa, el Ejecutivo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se enfrenta a un “punto de inflexión” con Estados Unidos en la relación bilateral, advirtió este sábado a EFE Andrés Sumano, investigador del Colegio de la Frontera Norte.

Para el especialista en seguridad, esta petición de extradición contra Rocha Moya, del mismo partido que Sheinbaum, genera a México “problemas en todos los sentidos” al ser un “golpe muy fuerte” para el Gobierno federal y su estrategia de cooperación con la Casa Blanca, sobre todo desde el regreso del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, es todo un “reto” para la política de seguridad de México, que había tenido recientemente resultados “muy notables” como el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, y la detención la semana pasada de su supuesto sucesor, conocido como El Jardinero.

Tras el impacto inicial, agregó, le toca tomar una decisión a Sheinbaum, quien para Sumano solo tiene tres escenarios posibles: “arropar y proteger” a ese grupo de políticos – que “es lo que parece que está haciendo”, dijo-; entregarlos a Estados Unidos o iniciar un procedimiento contra ellos en México.

“ Esta última a mí me parece hasta ahora la mejor opción de todas las que tiene, pero va a implicar evidentemente rompimientos al interior de Morena (partido oficialista)”, apuntó.

Por ahora, ve que la presidenta ha optado por “ganar tiempo” al reiterar que se necesitan pruebas y remitirse a lo que decida el Ministerio Público, aunque llegará un momento en que se “vencerán los plazos”, así como la “paciencia” de la Administración estadounidense.

“Un golpe muy fuerte”

En el hipotético caso de que México opte por no entregar al gobernador de Sinaloa, el investigador alertó que eso abriría la puerta a diversas represalias por parte del Gobierno estadounidense.

Desde “presiones” económicas hasta el “caso más extremo”: que Washington intervenga mandando militares para “llevarse” al político, algo que el profesor del Colegio de la Frontera Norte ve poco probable.

De hecho, en caso de que la respuesta de México no sea “satisfactoria” para la Casa Blanca, no descarta que se abran procedimientos similares contra otros políticos señalados de alto nivel, pues el actual se circunscribe solo a Sinaloa.

Pese al discurso oficialista, Sumano afirmó que la acusación contra los funcionarios estatales es “formal” y ha pasado por un jurado que considera que “hay elementos suficientes de prueba” para pedir la orden de detención.

“ Esto es un golpe muy fuerte porque ya no es un tema narrativo (…) Ya se armaron los expedientes, ya pasaron por un gran jurado, ya hay una acusación formal”, dijo.

Sí que concede que el momento puede tener algo de “político”, sobre todo al hacerlo público, pero subrayó que este proceso judicial “seguramente” tiene “muchos meses” de un trabajo previo de documentación e investigación.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a 10 funcionarios mexicanos de conspirar con el Cartel de Sinaloa, en concreto con la facción de Los Chapitos, para el tráfico de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.