Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde, entregaron a la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, una iniciativa de reforma constitucional para aplazar al 4 de junio de 2028 la elección del Poder Judicial prevista originalmente para 2027.

La titular de Segob arribó al Senado poco antes de las 11:00 horas, donde fue recibida por Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Minutos después llegó Alcalde para formalizar la entrega del proyecto impulsado por el gobierno federal.

Se tiene previsto que en la sesión de la Comisión Permanente de este jueves se convocará a las cámaras de Diputados y Senadores a un periodo extraordinario de sesiones el próximo 27 de mayo, con el fin de aprobar la iniciativa y concluir el proceso en el Constituyente Permanente antes del 3 de junio.

La meta es obtener el aval de al menos 17 congresos estatales para posteriormente publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y permitir su entrada en vigor de manera inmediata.

La propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, prevista en el artículo 35 constitucional, lo que convertiría a 2028 en un año de alta intensidad política y electoral.

De aprobarse la reforma, la jornada electoral judicial federal y local se realizaría el domingo 4 de junio de 2028.

Además del cambio de fecha, la iniciativa plantea una reingeniería integral del sistema de elección judicial.

Tras una evaluación ordenada por la Presidencia, se concluyó que la elección intermedia prevista para 2027 implicaba una complejidad inédita por el volumen de cargos y el número de aspirantes que participarían en la contienda.

En la elección de 2028 solo se renovarían:

* Cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral.

* 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito.

* 385 jueces de distrito.

* 424 magistraturas locales.

* 2 mil 831 jueces locales en 25 estados.

No obstante, el objetivo central de la reforma no es únicamente aplazar la elección, sino modificar el modelo para evitar una jornada “inmanejable”.

Uno de los principales cambios consiste en reducir el número de candidaturas por cargo para disminuir la saturación de las boletas.

Mientras el esquema original contemplaba hasta tres propuestas por cada poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ahora se plantea dejar únicamente dos candidaturas finales por cargo y especialidad.

De acuerdo con la propuesta, los comités de evaluación revisarán conocimientos, experiencia profesional, antecedentes y “buena fama pública”.

Posteriormente seleccionarán cuatro perfiles y, mediante insaculación pública, quedarán definidos los dos candidatos finales.

La nueva boleta también distinguirá claramente qué candidaturas corresponden al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial o a jueces en funciones que busquen la reelección.

Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) dividiría el territorio en distritos judiciales específicos para que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado de determinada materia o especialidad.

Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes, con el propósito de homologar criterios y evitar diferencias en los filtros aplicados a los aspirantes.

Dicha instancia podrá revisar requisitos como:

* Licenciatura en Derecho.

* Promedio académico.

* Experiencia profesional.

* Exámenes de conocimientos.

Aunque cada poder mantendría su propio comité de evaluación, las revisiones deberán sujetarse a metodologías comunes.

La reforma también obligaría a las entidades federativas a replicar las reglas federales, luego de que el gobierno detectó inconsistencias en algunos procesos locales donde, según expuso, no estaba garantizada la insaculación pública.

Entre otros ajustes derivados de la experiencia reciente, la iniciativa contempla:

* Permitir que elecciones judiciales y ordinarias compartan ubicación de casillas.

* Garantizar que representantes partidistas no intervengan en la elección judicial.

* Realizar el escrutinio y cómputo directamente en casilla.

* Adelantar de septiembre a abril la convocatoria del Senado para ampliar el tiempo de revisión de perfiles.