Ciudad de México.- La estrategia insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el robo de combustibles terminó beneficiando a una empresa ligada a Sergio Carmona Angulo, identificado por autoridades y expedientes ministeriales como el “Rey del huachicol”.

Así lo documenta el libro Huachicol Fiscal. La Madre de Todas las Estafas, del periodista Raúl Olmos, integrante de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, donde se exhibe que una filial de Pemex encargada de administrar las pipas “antihuachicol” pagó más de 22 millones de pesos a Grupo Industrial Permart, empresa fundada por Carmona Angulo.

De acuerdo con la investigación, tras el cierre de ductos ordenado por López Obrador en enero de 2019, el Gobierno federal apostó por distribuir combustibles mediante una flotilla de cientos de pipas. Para operar el esquema se recurrió a I.I.I. Servicios SA de CV, filial de Pemex encargada de comprar y administrar aproximadamente 500 autotanques.

Sin embargo, la misma empresa gubernamental terminó contratando los servicios de la firma relacionada con Carmona Angulo, empresario tamaulipeco señalado por autoridades federales como operador clave del contrabando de combustibles y presunto financista de campañas políticas de Morena en el noreste del país.

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El Rey del huachicol recibió contratos del Gobierno de López Obrador”, afirma Olmos en el libro, donde asegura que existen facturas y comprobantes fiscales que acreditan pagos por al menos 22 millones de pesos realizados en 2021.

La publicación sostiene que el llamado huachicol fiscal evolucionó del robo tradicional en ductos a esquemas sofisticados de evasión mediante aduanas y empresas fachada.

El mecanismo consistía en introducir gasolina y diésel al país declarándolos como aceites, aditivos o químicos diversos, evitando así el pago de IEPS e IVA.

La investigación también profundiza sobre presuntos nexos de la red de contrabando con mandos militares y funcionarios portuarios. MCCI sostiene que empresas vinculadas con el entramado recibieron contratos de Sedena y mantuvieron relaciones comerciales con personajes cercanos al círculo familiar del expresidente.

Según el libro, el fraude habría significado pérdidas por hasta 600 mil millones de pesos entre 2018 y 2025, cifra que Olmos describe como “el mayor desfalco” documentado en la historia moderna del país.