Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra ante una encrucijada jurídica respecto al desplazamiento forzado interno en México. El máximo tribunal analizará próximamente dos proyectos de sentencia que, aunque coinciden en reconocer la gravedad de este fenómeno, proponen soluciones diametralmente opuestas sobre las obligaciones del Estado para atender a las víctimas.

El enfoque de Chiapas: obligar al cumplimiento local

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra presenta un proyecto con un perfil garantista, enfocado en el estado de Chiapas. La propuesta busca conceder un amparo a la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) para obligar a las autoridades estatales a activar los mecanismos de protección que, según la ministra, han sido ignorados durante más de una década.

– El vacío legal: La Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas data de 2012; sin embargo, el reglamento necesario para su aplicación efectiva sigue sin emitirse.

– La propuesta: Herrerías Guerra sugiere otorgar un plazo perentorio de 90 días naturales al gobierno chiapaneco para emitir dicho reglamento, considerando que el Consejo Estatal de Atención Integral ya fue instaurado desde 2019.

– Perspectiva intercultural: El proyecto subraya que, dada la composición demográfica de Chiapas, cualquier estrategia de atención debe ejecutarse con una perspectiva intercultural, alineándose con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

El enfoque federal: la negativa ante la falta de mandatos explícitos

En contraste, la ministra María Estela Ríos González someterá a consideración una propuesta que busca negar el amparo solicitado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Dicho organismo buscaba forzar al Congreso de la Unión a legislar una ley general y al Ejecutivo Federal a crear instituciones especializadas a nivel nacional.

– La postura jurídica: La ministra Ríos González sostiene que no existe una obligación constitucional o convencional específica que obligue al Congreso a expedir una ley general sobre el desplazamiento forzado interno.

– Desestimación de recomendaciones: El proyecto enfatiza que los informes y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque tienen un valor orientador, carecen de fuerza vinculante para el Estado Mexicano al no constituir tratados ni jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por tanto, concluye que no es posible exigir su cumplimiento mediante el juicio de amparo.

¿Un parteaguas en la justicia social?

La resolución de estos dos casos no solo impactará a las cientos de personas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia, sino que definirá el alcance de la protección judicial en temas donde la legislación federal aún presenta lagunas críticas.

Mientras la propuesta de la ministra Herrerías Guerra apuesta por la exigibilidad de leyes ya existentes a nivel estatal, la visión de la ministra Ríos González marca un límite estricto sobre el papel de la Corte para forzar al poder legislativo a crear nuevas figuras jurídicas, dejando la decisión en el terreno de la voluntad política.