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La Jornada
Publicado el viernes, 9 de octubre del 2026 a las 17:29
Cuernavaca, Mor.— Las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) permanecen tomadas por tercer día consecutivo por parte de trabajadores del organismo, quienes exigen a la gobernadora Margarita González Saravia la destitución del nuevo director general, Carlos Franco Ruiz, a quien señalan por presuntos nexos con el crimen organizado e irregularidades financieras.
Desde la mañana de este viernes, los manifestantes reiteraron a través de un mensaje en video que mantendrán cerrados los accesos al edificio con cadenas y candados hasta que se revoque el nombramiento del también exalcalde de Tlaquiltenango. Entre las acusaciones resalta un presunto vínculo de Franco Ruiz con el cobro de extorsiones atribuidas al grupo criminal La Familia Michoacana durante su gestión municipal.
En un intento por destrabar el conflicto, el director de Gobierno del estado, Adrián Cázares, acudió al inmueble para dialogar con los inconformes. Tras las negociaciones, se acordó la remoción inmediata de tres directivos: Olivia Corral Arriaga (titular de la Usicamm), Claudia Velasco (directora de Administración) y Abraham Cairel (jefe de Servicios).
No obstante, sobre la demanda central de remover a Carlos Franco Ruiz, el funcionario estatal precisó que la permanencia del titular continúa bajo revisión.
A los sealamientos en el ámbito de seguridad se añaden presuntas anomalías financieras detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el municipio de Tlaquiltenango durante los ejercicios 2023 y 2024, según datos difundidos por la organización civil Morelos Rinde Cuentas.
De acuerdo con el organismo social, los señalamientos de la ASF ascienden a un probable daño patrimonial de aproximadamente 55 millones de pesos:
– Ejercicio 2023: Observaciones por $1.3 millones de pesos en adquisiciones y $1.6 millones en la ejecución de dos obras públicas.
– Ejercicio 2024: Anomalias que incluyen $7.9 millones en ocho obras, $26.4 millones de participaciones federales sin comprobación documental y $17.7 millones del Fortamun sin justificar.
Hasta el momento, los trabajadores han advertido que mantendrán la suspensión de actividades administrativas en la sede central del IEBEM en tanto las autoridades estatales no definan la salida definitiva del titular.
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