Piedras Negras, Coahuila.- El caso de Vica Torres Arocha ha generado una amplia movilización social en Piedras Negras luego de que la madre denunciara públicamente que llevaba más de un mes sin poder convivir con su hija menor de edad, quien permanece bajo el resguardo de familiares paternos, mientras mantiene acusaciones de presunto abuso sexual contra el padre de la niña.

La controversia comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde Torres Arocha solicitó la intervención de autoridades estatales y organismos de protección infantil para recuperar la custodia de la menor y garantizar su seguridad.

 

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¿Cómo inició el conflicto?

De acuerdo con la versión de la madre, la situación se originó después de que la menor le informara a su padre que había recibido una cachetada por parte de ella. Torres Arocha reconoció públicamente haber cometido ese acto de disciplina y aseguró estar arrepentida, aunque sostuvo que se trató de un hecho aislado y negó ejercer violencia constante contra su hija.

Tras ese incidente, señaló, el padre de la menor, identificado como Eduardo Alejandro Morales Cervera, obtuvo medidas legales que le impidieron acercarse o comunicarse con la niña, quien desde entonces permanece bajo el cuidado de familiares paternos.

La mujer afirmó que durante este periodo recibió mensajes indirectos en los que la menor expresaba su deseo de regresar con su familia materna.

La denuncia de presunto abuso

El caso tomó un giro más delicado cuando Torres Arocha aseguró que el pasado 27 de mayo, durante actividades relacionadas con un festival escolar por el Día de las Madres, la niña habría revelado a una tía presuntos tocamientos indebidos por parte de su padre.

Según el relato de la madre, la menor manifestó temor de permanecer con él y expresó su deseo de regresar a su hogar. Sin embargo, posteriormente fue presentada ante autoridades y especialistas, donde presuntamente ya no reiteró dichas acusaciones.

Torres Arocha sostiene que las denuncias deben investigarse a fondo y que la versión de la menor debe ser escuchada por las instancias competentes.

Cuestionamientos a las autoridades

En sus publicaciones, la madre cuestionó la actuación de diversas instituciones, entre ellas personal escolar y organismos de protección infantil, al considerar que no han atendido adecuadamente las denuncias ni garantizado el bienestar de la menor.

Asimismo, responsabilizó públicamente al padre y a familiares paternos de cualquier situación que pudiera afectar la integridad física o emocional de la niña.

La movilización social

La difusión del caso derivó en una manifestación realizada en Piedras Negras, donde familiares, amigos y ciudadanos se congregaron para exigir una pronta intervención de las autoridades.

La protesta inició en el bulevar República y el libramiento Pérez Treviño con la intención de dirigirse al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM). Sin embargo, durante la noche los manifestantes avanzaron hacia el Puente Internacional II, donde realizaron bloqueos parciales y exigieron una respuesta institucional.

La movilización provocó cierres intermitentes en los accesos de entrada y salida del puente, con la participación de elementos de la Guardia Nacional para controlar la circulación.

Intervención oficial

Tras la protesta y la presión social generada por el caso, autoridades estatales informaron que la situación sería atendida por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia encargada de revisar las condiciones de protección de la menor y dar seguimiento a las denuncias presentadas.

Posteriormente, la propia Vica Torres Arocha publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo el apoyo recibido durante la movilización y señalando que las autoridades ya habían tomado conocimiento del caso, por lo que pidió comprensión al indicar que ya no podía proporcionar más información públicamente.

Situación actual

Hasta el momento, la disputa por la custodia continúa en proceso y las autoridades competentes mantienen la revisión de los señalamientos realizados por ambas partes.

Mientras tanto, el caso ha generado un intenso debate en redes sociales y una fuerte movilización ciudadana, con llamados para que se esclarezcan los hechos denunciados y se privilegie en todo momento el interés superior de la menor.