Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encamina a declarar la validez de las reformas a la Ley Federal de Derechos que facultan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) para administrar recursos provenientes del turismo y servicios aeroportuarios.

Este lunes 8 de junio, la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentará ante el Pleno un proyecto de resolución derivado de una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, quienes buscan revertir los cambios legales implementados a finales de 2023.

El centro del debate: ¿Empoderamiento económico militar?

La controversia constitucional fue interpuesta bajo el argumento de que la transferencia de estos ingresos estatales a las instituciones castrenses vulnera el principio de subordinación del poder militar al civil. Los legisladores inconformes sostienen que la asignación de funciones operativas en infraestructura —como el Tren Maya y diversos aeropuertos— distorsiona las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, las cuales, subrayan, deben limitarse a la defensa nacional y la seguridad.

Argumentos de la ponencia

En su proyecto, la ministra Ortiz Ahlf propone el sobreseimiento de parte de la impugnación, argumentando que las reformas sufrieron modificaciones sustanciales en diciembre de 2024, lo que torna improcedente el análisis del fondo en ciertos artículos:

– Sobre el artículo 18-A: Debido a cambios recientes en la distribución de ingresos para la operación de proyectos ferroviarios, la ministra plantea no entrar al estudio del precepto.

– Sobre el artículo 220-A: Respecto a los ingresos aeroportuarios (60% para Sedena y 40% para Semar), la ponencia subraya que la reforma se limita a una cuestión fiscal y presupuestaria. Según el documento, la ley no regula per se la intervención militar en labores ajenas a su naturaleza, sino que define el destino de la recaudación tributaria.

Libertad configurativa del Legislativo

Uno de los puntos clave del proyecto es la defensa de la autonomía parlamentaria. La ministra sostiene que no existe en la Constitución un límite —mínimo o máximo— sobre qué fuentes de financiamiento pueden ser asignadas a una secretaría de Estado.

” “El Poder Legislativo tiene la libertad configurativa tanto de planear los métodos para obtener ingresos fiscales como de establecer los fines para los que se emplearán”, señala la propuesta, concluyendo que el etiquetado de recursos para proyectos específicos es una facultad que entra dentro de las atribuciones legales del Congreso.

De aprobarse esta propuesta, se consolidaría el marco jurídico que permite a las Fuerzas Armadas gestionar una parte sustancial de la infraestructura y los ingresos estratégicos del país, cerrando la puerta a la impugnación de la oposición en esta materia.