Madrid, España.– El Gobierno español ha elevado al Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición urgente para que dictamine la falta de jurisdicción de los tribunales estadounidenses en la ejecución de laudos arbitrales derivados de la reforma energética de 2013. Esta maniobra busca frenar una ofensiva judicial sin precedentes que amenaza con embargar activos del Estado español aprovechando la participación de la selección nacional en el Mundial de Futbol 2026.

El conflicto: Un “asedio” en las sedes del Mundial

El litigio, que tiene su origen en el recorte a las primas de energías renovables decretado durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha escalado a una dimensión inesperada. Un grupo de inversores, liderado por el fondo Blasket, ha registrado sentencias condenatorias contra España en sedes judiciales de diversos estados estadounidenses donde la selección nacional podría disputar sus encuentros, desde Nueva York y Nueva Jersey hasta Texas y California.

Esta estrategia, calificada por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica como una maniobra para generar “ruido mediático”, facilita a los acreedores la localización de activos y la emisión de notificaciones judiciales (subpoenas) a entidades financieras y empresas con relaciones comerciales con España.

Riesgo de embargo y postura del Ejecutivo

La situación se ha complicado tras una reciente resolución de una jueza del distrito de Columbia, quien desestimó el bloqueo solicitado por España al considerar que el Estado no ha pagado ni presentado garantías tras la condena. A esto se suma un dictamen del Gobierno de Estados Unidos que recomienda al Supremo rechazar el recurso presentado por Madrid.

No obstante, el Ministerio de Transición Ecológica resta importancia a la amenaza inmediata:

– Procedimiento garantista: El registro de los laudos es considerado “únicamente formal”, y el Ejecutivo subraya que cualquier intento de embargo requeriría un procedimiento judicial previo donde España defenderá sus intereses.

– Independencia deportiva: El Gobierno enfatiza que la Real Federación Española de Futbol es una entidad privada y su operativa debe permanecer ajena al pleito por los laudos.

Una deuda millonaria y persistente

España enfrenta una deuda total de 2,316 millones de euros (2,670 millones de dólares) con empresas afectadas por los recortes retroactivos. De este monto, 552 millones corresponden exclusivamente a sobrecostes financieros y legales derivados de los impagos acumulados a lo largo de los años.

El Ministerio destaca, sin embargo, una gestión exitosa de los intereses nacionales, habiendo logrado reducir las pretensiones de los demandantes en más de un 80% respecto a lo inicialmente reclamado ante el Ciadi y otros organismos internacionales.

La batalla no se limita a Estados Unidos. A finales de abril, el Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, consolidando una presión internacional que pone a prueba la capacidad de respuesta legal del Estado español.