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Callan acoso por miedo

  Por Paola A. Praga

Publicado el sábado, 26 de julio del 2008 a las 16:58


Asegura Derechos Humanos que no se han formalizado denuncias

Saltillo, Coah.- El miedo es el principal enemigo de la cultura de la denuncia, aseguró el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila (CEDHC), Luis Fernando García.

Respecto a la posible venta de plazas en el SNTE por dinero o sexo, García Rodríguez señaló que no se ha recibido ninguna queja por parte de algún maestro que aspire a una plaza dentro del sistema educativo y se le haya pedido un favor físico para obtenerla.

“Es lógico que estas cosas no salgan a la luz pública por el temor a represalias, la víctima se siente amenazada, pero sí existe, no se pueden cerrar los ojos antes esto” expresó.

Las quejas que se han presentado ante la comisión han sido de carácter privado, y personalmente ante el ombudsman, sin embargo no se han formalizado las denuncias, debido a dos factores importantes, como lo es el miedo y la falta pruebas.

“He tenido pláticas con mujeres, pero no quieren que se llegue a un nivel de queja formal, mucho menos a denuncia, puede haber un descrédito personal ante compañeros y la familia”, explicó García Rodríguez.

La mayoría de las afectadas con esta problemática son mujeres, lo que habla de la permanencia del machismo en la actualidad, por ello exhortó a la comunidad a no temer y ponerse en manos de las autoridades, para romper el círculo vicioso de la impunidad y la corrupción.

cuestión legal El artículo 399 del Código Civil Penal del estado dice: Se aplicarán de uno a tres años de prisión y multa, a quien con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual a cualquier persona, para sí o para un tercero.

Será punible el acoso sexual cuando el sujeto activo pueda causar un daño personal, laboral, educativo, profesional o patrimonial. Las sanciones mínima y máxima se aumentarán en un tercio más si el sujeto activo fuere servidor público y utilizaré los medios propios del cargo, y será destituido e inhabilitado para ocupar empleo, cargo o comisión en el sector público por un período de uno a tres años.

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