Washignton D.C. – En una comparecencia de alto impacto, el fiscal general interino, Todd Blanche, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentaron un informe sobre la situación de menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. Según cifras oficiales, se estima que más de 475,000 menores cruzaron la frontera en ese periodo, de los cuales, a finales de 2024, más de 300,000 permanecían sin ser localizados.

Un entramado de explotación y “superpatrocinadores”

Las autoridades señalaron que estos menores fueron víctimas de redes criminales que operaban bajo la figura de “padrinos”. Según el informe, se han detectado más de 15,500 casos de “superpatrocinadores”: adultos que utilizaron identidades falsas o robadas para reclamar la custodia de múltiples niños, simulando ser parientes cercanos para evadir controles migratorios.

La gravedad de la situación, según Mullin, alcanza niveles de “atrocidad”. El secretario de Seguridad detalló investigaciones en curso sobre denuncias de abusos sistemáticos, donde algunos menores han reportado haber sido objeto de explotación y agresiones sexuales repetidas durante su estancia bajo custodia de estas redes.

El despliegue de Trump y la tensión con las “ciudades santuario”

El actual gobierno ha vinculado este fenómeno a la falta de control de la administración anterior. Ante este escenario, se anunció el despliegue de operativos reforzados por el ICE y la Patrulla Fronteriza, financiados bajo la reciente Ley para una América Segura. Hasta la fecha, las autoridades afirman haber localizado a 146,000 de los menores desaparecidos.

Mullin advirtió que la búsqueda se intensificará en las denominadas “ciudades santuario”, acusando a las administraciones locales demócratas de obstaculizar la cooperación con las autoridades federales.

” “Los criminales saben que allí están a salvo; vamos a entrar en esas ciudades para rescatar a tantos niños como podamos”, sentenció el funcionario.

Contexto y antecedentes

La narrativa de la actual administración, sin embargo, es contrastada por organizaciones de derechos humanos. Informes de entidades como Human Rights Watch han recordado que, durante el primer mandato de Donald Trump, se implementó una política de separación familiar que resultó en la división forzosa de más de 4,600 menores de sus padres.

Dicha estrategia, que trataba a los niños como “no acompañados” tras el procesamiento judicial de sus padres, dejó secuelas documentadas de trauma y daños psicológicos, provocando una orden judicial en 2018 que intentó frenar estas prácticas, aunque los efectos colaterales persistieron hasta 2019.

Este nuevo episodio subraya la intensa polarización en torno a la gestión fronteriza y los derechos de la infancia en territorio estadounidense, donde el rescate de menores se ha convertido en el eje central del discurso migratorio de la presente gestión.

Con información de UNIVISIÓN