Ciudad de México.- México es uno de los países de América Latina y el Caribe que resienten una violencia persistente contra los servicios de salud.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene registrados, a partir de notas informativas y reportes públicos, 242 incidentes de violencia contra los servicios de salud ocurridos en los últimos dos años y medio: 72 en 2024, 112 en 2025 y 58 entre enero y mayo de 2026.

De los incidentes registrados en 2024 y 2025, el 75 por ciento fueron directos, es decir, agresiones; amenazas; ataques armados dirigidos específicamente contra personal, estructuras o vehículos sanitarios; incursiones a unidades de salud; robo y obstrucciones a los servicios de salud. Los ataques armados dejaron un saldo de 13 profesionales de la salud muertos.

“ Un solo caso de violencia contra personal médico, contra ambulancias, contra estructuras de salud o contra pacientes debería generar suficiente conmoción”, remarca Gabriel Mayorga, asesor regional para la Protección y Respeto a la Asistencia en Salud del CICR, en entrevista.

Sin embargo, advierte, no se trata de hechos aislados, sino de un patrón persistente en contextos de conflicto armado y otras situaciones de violencia en la región.

“ Hay una continuidad de este tipo de incidentes, bastante graves, de amenazas, de agresiones contra personal de salud, en algunos casos de asesinatos de personal vinculado a los servicios de salud, con impactos para la población. Porque en algunos contextos esta violencia sucede en zonas periféricas donde no hay posibilidades de acceder a un servicio alternativo”, señala.

“Cuando revisamos las tendencias, a partir del monitoreo que realizamos, vemos que hay varios países que tienen unas dinámicas de violencia realmente frecuentes, intensas”.
Remarca que la violencia se produce en contextos diferenciados.

Al CICR, apunta, le preocupan cuatro contextos en particular.

“ Está el de Haití, con muchísima violencia contra los servicios de salud en un contexto de violencia urbana. Está el de Colombia con su conflicto armado. Y están otras situaciones de violencia en Ecuador y México“, detalla.

En el caso de México, apunta, los incidentes se han presentado con mayor frecuencia en en Sinaloa, Sonora, Chiapas, Guerrero, Baja California, el Estado de México y Ciudad de México.

“ Y en cuanto a los efectos, en algunos casos, el desplazamiento de personal médico, el cierre temporal, la suspensión temporal de algunos servicios claves. Estamos hablando de servicios que pueden ser de urgencia o que pueden ser servicios para un tratamiento de enfermedades crónicas”, detalla.

“ Tenemos también casos documentados de incidentes en los cuales transportes médicos, ambulancias, han tenido que ser suspendidos o ambulancias que han sido robadas”.

El CICR, señala, se enfoca en los efectos humanitarios de la violencia, en lo que significa para las comunidades.

A nivel, indica, existen diversas manifestaciones de la violencia contra la salud.

“ La violencia armada de alta intensidad es una de esas expresiones. Hay otros fenómenos de violencia contra la salud que se dan en el marco de protesta social y un tipo de violencia que ya es mucho más interpersonal, que puede ser del entorno cercano a algún paciente”, plantea.

“ Ninguna de estas circunstancias es normal y como consecuencia se genera, primero que todo, una ruptura inmediata en toda la cadena de atención, pero segundo y tal vez mucho más problemático también es el efecto a largo plazo, el temor que tiene la misma comunidad en algunos casos para acceder al servicio de salud, para visitar el hospital, un entorno que en circunstancias normales debería ser un entorno seguro y protegido”.

Frente a ese panorama, indica, el CICR busca ser un aliado estratégico para los servicios de salud, fomentar el desarrollo de sistemas de gestión de riesgos, la capacitación de personal de salud, y la creación sistemas de documentación de incidentes y de normativas.

El Comité publicó a finales de 2025 una Guía Regional para la Protección y el Respeto a la Asistencia de Salud, que plantea cuatro pilares para enfrentar la amenaza de la violencia.

“ Uno de ellos es un trabajo de acompañamiento al sector salud para mejorar su resiliencia, su capacidad de respuesta, sus protocolos de gestión de riesgos, su manejo de la salud mental del personal. Otro pilar es un acompañamiento a las autoridades con desarrollo de marcos normativos que permitan crear condiciones mínimas de respeto a los servicios de salud, que no haya una criminalización del trabajo médico basado en una ética de imparcialidad, neutralidad”, explica Mayorga.

Los otros pilares se refieren a exhorto a los portadores de armas, por un lado, y al público en general y a las comunidades, por el otro, a respetar los servicios de salud.

En tanto, subraya el asesor, lo que se necesita en este momento es la solidaridad de la opinión pública, que no haya una normalización de esta violencia contra la salud.

“ Pero se requiere también que haya una respuesta institucional mayor, coordinada y se destinen recursos para que se fortalezca la gestión del riesgo, la preparación del personal de salud para enfrentar las situaciones de violencia”, indica.

“ El elemento que nos importa todavía más a nosotros es a que la comunidad tenga acceso a los servicios de salud y visibilizar los efectos que tiene esa violencia sobre el tratamiento, por ejemplo, de enfermedades crónicas, el tratamiento de urgencias”.