Ciudad de México.- El oficialismo está elevando la presión sobre sus socios del Verde y el PT: más allá del acuerdo para ir en alianza en 2027, desde la dirigencia pretenden que sus satélites no den espacio a aspirantes que terminen vetados por normas antinepotismo o por posibles narconexos.

El pedido asoma de cara al día de hoy, cuando el INE deberá concluir cuáles serán los nuevos partidos políticos que alcancen su registro de cara a los comicios del próximo año.

Consideran este momento como propicio para imponer condiciones porque la elección de Coahuila demostró que los aliados de Morena tienen muy poco peso específico si no operan en coalición.

Le interesarían, en principio, dos nuevas formaciones: México tiene Vida, que tiene por líder al empresario regiomontano Jaime Ochoa, y Que Siga la Democracia, impulsado por Gabriela Jiménez e integrado por exmorenistas.

Entre estas organizaciones que podrían ya ser consideradas partidos, se encuentran además PAZ, promovido por los líderes del extinto Partido Encuentro Social, exaliado de Morena. También está Somos México, creado por la llamada Marea Rosa, expolíticos de oposición y exfuncionarios del INE. Sin embargo, se le ordenó cambiar su nombre, color y logotipo, pese a que ya posicionó su emblema durante un año.

En el caso de las primeras dos señaladas, guardarían sintonía absoluta con el oficialismo y podrían ser el recambio de la sociedad actual con el Verde y el PT.

En el plano de Seguridad, trascienden diversos casos de alcaldes del PT que estarían listos para ser destinatarios de inminentes “operativos enjambre”.

Si el Consejo General del INE avala hoy el acuerdo, en México habría 10 partidos nacionales a partir del 1 de julio, y podrán participar en la elección de 2027.

En el acuerdo se afirma que las 4 organizaciones cumplieron con el principal requisito de afiliaciones y asambleas, y no se detectó que solicitaran apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto, de iglesias o asociaciones u organizaciones prohibidas.

Sobre su financiamiento, se detectó que sí existen anomalías que van del 2.15 al 23.83 de los recursos que usaron para su conformación, pero esos porcentajes no fueron determinantes.