Ciudad de México.– Con el objetivo de atender las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) y reducir los índices de impunidad, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de reforma legal diseñada para garantizar la protección inmediata a las familias de personas desaparecidas en el país.

Medidas urgentes y protección social

La propuesta legislativa plantea la creación de un procedimiento de búsqueda urgente con un plazo de 90 días para casos prioritarios, entre los que destacan aquellos que involucran a niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes, personas con discapacidad o cuando existan indicios de participación de servidores públicos.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la protección económica. Moreira Valdez propone que las garantías laborales y de seguridad social para los familiares sean activadas desde el momento en que se interpone el reporte de desaparición, eliminando la espera de seis meses que actualmente se requiere para acceder a ingresos y servicios médicos básicos.

Simplificación jurídica y rendición de cuentas

En cuanto al proceso judicial, la reforma establece que la Declaración Especial de Ausencia tenga valor de prueba plena en los procedimientos de reparación integral. Esto busca evitar la revictimización, al eliminar la carga de que los familiares deban acreditar nuevamente el dolor y la ausencia ante cada instancia.

El coordinador priista enfatizó la necesidad de cerrar vacíos legales que hoy derivan en la fragmentación de investigaciones entre instituciones sin coordinación efectiva. Entre las obligaciones que la reforma impone al Estado destacan:

– Coordinación inmediata: La Secretaría de Gobernación (Segob) fungirá como autoridad coordinadora, notificando a todas las instituciones involucradas en un plazo máximo de 24 horas tras recibir acciones urgentes.

– Reglamentación obligatoria: Se exige a la Segob expedir los reglamentos de la Ley y de la Comisión Nacional de Búsqueda, además de presentar informes periódicos sobre la implementación de las reformas.

– Continuidad en la investigación: La localización de una persona no eximirá al Estado de investigar las causas de su desaparición, asegurando además el derecho de los familiares a consultar los expedientes y conocer el avance real de las búsquedas.

” “Las familias no pueden seguir buscando solas”

” “Estas reformas no son solo técnicas legislativas: son el reconocimiento de que detrás de cada número hay una madre, un hijo, una historia que merece una respuesta del Estado mexicano”, declaró el legislador durante la presentación del documento.

La iniciativa busca transitar de un modelo de búsqueda pasivo a uno donde el Estado asuma una responsabilidad activa y coordinada, atendiendo la exigencia del CED sobre la urgencia de legislar para revertir la “impunidad casi absoluta” detectada en las evaluaciones internacionales sobre la materia en México.