Colima.- El Presidente Municipal de Coquimatlán, Colima, Luis Gerardo García Olivares (PAN-PRI), comunicó que presentó una solicitud formal para decretar la suspensión inmediata de los agentes involucrados en la agresión contra un ciudadano retenido en las instalaciones policiales.

En un video difundido esta noche, el funcionario indicó que la medida administrativa busca retirar de las calles, desarmar y evitar el contacto con detenidos de los elementos bajo investigación.

La reacción de la autoridad local ocurrió tras la difusión de una grabación en plataformas digitales que documenta actos de asfixia simulada.

La reacción de la autoridad local ocurrió tras la difusión de un material audiovisual en plataformas digitales que documenta actos de asfixia simulada.
Las imágenes captadas exponen el interior de un área de retención donde dos oficiales someten a un hombre esposado, colocándole un trapo sobre el rostro para verterle agua de forma continua con una jícara.

García Olivares detalló que la Fiscalía General del Estado abrió una indagatoria penal por medio de la fiscalía especializada en tortura tras la respectiva denuncia de la víctima, identificada como Gabriel. A la par, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima inició una queja de oficio y dio un plazo de 24 horas al Ayuntamiento para entregar un informe pormenorizado sobre los hechos.

“Quiero decir algo directamente a Gabriel y a su familia tienen el respaldo pleno de este ayuntamiento lo que le hicieron está mal estuvo mal el día que pasó estuvo mal los meses que tardamos en saber y no puede volver a pasar”, externó el Edil en su mensaje.

La administración municipal afirmó que colaborará de manera transparente con los órganos autónomos y ministeriales para esclarecer las conductas que violentaron los derechos humanos del afectado. El alcalde reiteró que el resto de la corporación que opera con honestidad no se encuentra representada por las acciones de los uniformados que participaron en el video.

“La tortura no es un método de trabajo es un delito y quien torture bajo el uniforme de este municipio responderá ante la justicia administrativa y ante la justicia penal”, puntualizó García Olivares al comprometerse a reestructurar la formación de la policía local.