Tijuana, BC. – La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) enfrenta severas acusaciones de negligencia, bloqueo de evidencia y parálisis institucional en la investigación por presunta violación en contra de Miguel Antonio Loza Ginuez, regidor de Tijuana y exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN).

En una entrevista concedida a la plataforma Latinus, la denunciante, identificada como Daniela, denunció penalmente que a lo largo de un año y medio ha padecido indolencia, omisiones técnicas y revictimización por parte de las autoridades ministeriales encargadas de integrar su carpeta de investigación.

El origen de la denuncia y las omisiones periciales

Los hechos bajo investigación habrían ocurrido el 30 de noviembre de 2024, cuando —según el testimonio de la víctima— el funcionario la obligó a acudir a su oficina particular bajo el argumento de entregarle un documento que ella requería, lugar donde presuntamente fue sometida y agredida sexualmente.

A pesar de que desde el inicio del proceso legal se aportaron fotografías del inmueble y la ruta del trayecto, el personal de la Fiscalía omitió requerir a tiempo los videos de las cámaras de seguridad de la zona. Las autoridades ministeriales emitieron dicha solicitud formal hasta este año 2026, cuando los sistemas de videovigilancia privada ya habían depurado sus archivos, cuyo resguardo estándar es de solo 30 días.

Fiscalía frena prueba de ADN clave

De acuerdo con las constancias asentadas en el expediente del caso, la Dirección de Servicios Periciales confirmó desde abril de 2025 el hallazgo de líquido seminal en las prendas que portaba la víctima el día del ataque, dictaminando un resultado “positivo a células sexuales masculinas”.

Ante el hallazgo científico, la defensa de la víctima solicitó de inmediato una confronta genética con el perfil de ADN del regidor Loza Ginuez. Sin embargo, la agente del Ministerio Público asignada al caso rechazó realizar el procedimiento biológico, frenando un elemento considerado clave para la resolución del caso.

Simulación de medidas de protección

Daniela también acusó que los protocolos dictados para garantizar su integridad física y psicológica fueron simulados por las autoridades. Las órdenes de restricción emitidas nunca fueron notificadas formalmente al regidor y tampoco fueron remitidas a la Policía Municipal de Tijuana para su debido cumplimiento y vigilancia.

La postura del acusado

Por su parte, el regidor Miguel Antonio Loza Ginuez ha rechazado de manera tajante los señalamientos en su contra, calificando las imputaciones de falsas. Sostuvo que la denuncia penal responde a una estrategia con trasfondo político, argumentando que el caso mediático fue promovido originalmente en el marco de un proceso de selección interna de candidaturas dentro del PAN.

Actualmente, la denunciante mantiene la exigencia a los mandos de la Fiscalía de un proceso limpio, transparente y sin dilaciones, lamentando que la institución continúe obstaculizando la judicialización de la carpeta de investigación.

Con información de LATINUS